El traslado de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano, en el Estado de México, al Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez, Chihuahua, se trató de un tema de seguridad nacional, reconocieron funcionarios de Gobernación y de la Procuraduría General de la República (PGR) ante diputados y senadores que integran la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
El senador Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que existe un riesgo real de que Estados Unidos se quiera quedar con el dinero de las incautaciones realizadas al capo.
Sin embargo, el senador Alejandro Encinas, del PRD, explicó que además del tratado de extradición, hay un tratado entre México y Estados Unidos respecto a cómo se administran y distribuyen los recursos que se confisquen derivados de actividades delictivas para estos casos, y se decide en proporción a la intervención de cada gobierno en la detención del delincuente.
Por lo que los bienes del capo, que se estiman entre mil y 10 mil millones de dólares, deben quedarse en nuestro país toda vez que su detención se dio por el trabajo de las instituciones mexicanas.
