El sistema de justicia penal en Mexico, caracterizado por su ineficiencia y lentitud, por su opacidad y lacerante arbitrariedad que han permitido que miles de hombres y mujeres que cometieron un delito leve, permanezcan recluidos y sin el debido proceso, mientras criminales de alta peligrosidad disfrutan de total libertad, fue el principal acicate para que el ejecutivo federal propusiera esta reforma constitucional para el establecimiento de un nueva sistema en materia penal, que mas tarde fue aprobada por el poder legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de junio de 2008.
Se trata de un cambio medular en el sistema de justicia penal del país, que homologa que todos los códigos penales estatales y sus respectivos reglamentos y normas en el país; Se trata de instaurar un sistema único en el que se respeten tanto los derechos de la víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último, lo cual, señala la reforma: ”fortalece el debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos aquellos involucrados en una investigación o procedimiento penal”
Se basa, a decir de los especialistas, en un sistema acusatorio-adversarial en donde el juez decide de manera imparcial, frente a las solicitudes de los intervinientes; y en donde los conflictos jurídicos relevantes se resuelven en audiencias orales, públicas y contradictorias.
Recien publicada la reforma , la novedad de los juicios orales, figura jurídica contenida en la reforma, despertó el mayor interés de los colegios de abogados y especialistas, al igual que de amplios segmentos de la población, que sin mayor información fidedigna, discutían acaloradamente sobre la conveniencia o no, de imitar a los jurados de la series televisivas norteamericanas, dudando de encontrar a un Perry Mason mexicano.
Estas discusiones sobre los juicios orales, las mas de las veces carente de sustento dejaron gran confusion en la ciudadanía y si a ello agregamos que no se instauro de botepronto, como tantas otras leyes en el país, la percepción de una gran mayoría de los mexicanos es que la flamante reforma penal había pasado a mejor vida, a ser letra muerta.
Y de pronto surge la noticia de que el próximo 18 de junio de 2016, justo ocho años después de su publicación, se instaurara en todo el país un nuevo sistema de justicia penal, y que ha sido necesario invertir todos estos años, para lograr las condiciones que hagan factible su instrumentación. La noticia ha sido muy bien recibida por todos los segmentos de la población, lo que no ocurre con frecuencia.

El Consejo de Coordinacion para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, con Ma de los Angeles Fromow como Secretaria Tecnica, SETEC ha llevado a cabo un acucioso trabajo de acercamiento, dialogo y coordinación con los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Mexico, para homologar los códigos penales estatales y sus respectivos reglamentos y normas, con pleno respeto a la soberanía de los Estados.
Asimismo SETEC ha impulsado la capacitación de mas de cuatro mil l funcionarios del sistema judicial en todo el país, que deberán operar el nuevo sistema penal nacional a partir del próximo 18 de junio. Esto además de establecer y reforzar la coordinación con los 3 Poderes de la Unión en los 3 órdenes de gobierno; con la academia, con organizaciones de la sociedad civil; con organizaciones no gubernamentales, e incluso con la comunidad internacional para identificar las mejores prácticas y ponerlas en marcha en nuestro país.
El ciudadano que lee los periódicos, que escucha y ve las noticias, esta gratamente sorprendido. Sabe que no acabaran como por arte de magia la corrupción, la impunidad ni la grave injusticia que se viven en el país, pero reconoce la importancia de poder contar, en unos cuantos días mas, con un sistema único de justicia penal, que aporte transparencia, medios alternativos de solución de conflictos, oralidad y prontitud. Pero ¿qué proporción de la población mexicana está hoy enterada de la puesta en marcha de este fundamental instrumento legal?
Una proporción muy baja. Hace falta una campaña de comunicación integral, con alcance nacional, que permee en la ciudadanía, impulsando la cultura judicial con objetividad y realismo; para que los ciudadanos de todos los niveles sepan de los beneficios de la reforma; para que se apropien de ella y exijan a los funcionarios del sistema que el procedimiento penal se realice conforme a lo establecido. Ahí esta la clave.

rayarenas@nullgmail.com