Mucho, demasiado falta para que las elecciones se conviertan en una verdadera “Fiesta de la Democracia”. ¿De cuánto debe ser el porcentaje de participación para celebrar, más de 50, 60, 70 por ciento? En esta pasada elección 3’068,484 de veracruzanos emitieron su voto. Menos del 60 por ciento de los jarochos se quitó la pachorra, dejó un par de horas sus faenas dominicales y se fue a hacer cola para dejar constancia de su decisión.
No sé a usted, pero a mí, el que cuatro de cada seis veracruzanos no vote, no me da satisfacción. En la democracia se busca que gobierne el que la mayoría elija, pero en México nuestro sistema electoral no nos deja más opción a que gobierne el que la mayoría, de los que votaron, decida. Escuchaba hace unos días al Presidente del INE, Lorenzo Córdova, hablar de las regulaciones electorales en Estados Unidos, que es hacia donde la mayoría de los mexicanos volteamos a ver cuando algo aquí no nos gusta. Según él, las elecciones en Estados Unidos también tienen su parte despiadada, también se dicen y acusan de todo, también son un verdadero lodazal, y, en general, resumió que no le gustaría que las leyes electorales mexicanas tiendan hacia ese sistema; antes, dijo, es preferible encaminarnos hacia los estilos democráticos europeos.
Los expertos en legislaciones electorales sabrán mucho más. Lo que la mayoría sabemos, sin embargo, es lo que tenemos enfrente, lo que nos toca vivir. Falta aún mucha transparencia, hay demasiadas quejas por parte de todos los actores, las figuras de los independientes aún está en pañales y, sobre todo, pasa por nuestra creativa mente azteca que en cuestiones de fiscalización los órganos electorales se hacen de la vista gorda.
Las cantidades de dinero que se desparraman o dispersan -término mucho más chick- en las elecciones son a todas luces desproporcionadas. Y no me refiero a desproporción en cuanto a cantidad porque no soy ente fiscalizador, me refiero cuando menos a la desproporción que hay en el dispendio de los diversos partidos políticos.
Las revisiones a las que debería estar mucho más enfocado el órgano electoral (en nuestro aldeano caso, el OPLE), deberían ser también en lo relativo al recurso económico dilapidado. ¿Por qué? Por una sencilla razón… si jamás se sanciona ejemplarmente, o si solo les aplican ridículas multas por millonarios derroches, lo que se envía es un mensaje de aliento a los partidos políticos pues no pasa nada.
El ganar y obtener el mandato constitucional para ser diputado, alcalde, gobernador, presidente, o hasta líder estudiantil, debe estar cimentado no solo en reglas claras (como las que tenemos), sino también en correctivos claros y efectivos. El ganar, “haiga sido como haiga sido”, no debería ser aplaudido por la sociedad.
No recuerdo una sola elección en que el comentario generalizado haya sido “qué austeras campañas”. Desde siempre, desde que tengo memoria, las campañas políticas han costado cantidades indecibles. Compañeros analistas, incluso, asentaron en columnas que estas elecciones nos iban a costar alrededor de cinco mil millones de pesos, y eso tan solo para un partido. ¡Imagínese!
¿Cuánto nos costaron estas elecciones en los doce estados del país? Cantidades de dinero que ni siquiera sé contar. Pero ¿usted cree que no sobrepasaron los límites establecidos por la Ley? Ganar, “haiga sido como haiga sido”, ojalá, algún día deje de ser permitido por el INE y los tribunales correspondientes.
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