El pasado 1 de febrero, el periodista Jorge Morales Borbón fue encarcelado acusado de los delitos de “enriquecimiento ilícito, falsedad de declaraciones, tráfico de influencias, extorsión, evasión fiscal…”. Él había sido el director de Comunicación del panista Guillermo Padrés, que gobernó Sonora del 2009 al 2015. Y antes director del periódico El Imparcial de Hermosillo y Frontera de Tijuana.
La acusación está firmada por Alberto del Cid Carmelo, al que Morales Borbón no conoce y del que tampoco tiene ninguna referencia. Kathya Félix Salazar, esposa del periodista, se dedica a buscar quién es la persona que acusa, dónde vive y por qué hace la acusación. Después de cinco meses lo encuentra en una humilde vivienda de Hermosillo. Ella se entrevista con él y existe el video del encuentro del que ahora ha dado cuenta la revista Proceso, El Universal y Reforma.
El señor Alberto del Cid Carmelo es un adulto mayor, que nunca aprendió a leer y escribir, y que firma sólo con su huella digital y la letra X. Tiene una pensión de 2,000 pesos al mes del IMSS, de los años que trabajó como chofer. Él, en la entrevista grabada, confiesa a la esposa del periodista que le ofrecieron 1,400 pesos por firmar la acusación, que tiene en la cárcel a Morales Borbón.
Le dice también que desconocía la información que contenían los documentos que “firmó” porque no sabe leer. La Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción en el Estado de Sonora, a cargo del licenciado Odracir Ricardo Espinoza Valdez, finca su acusación en la “declaración firmada” del señor Alberto del Cid Carmelo. A partir de ella se inicia la investigación que lleva a la cárcel al periodista que también fuera funcionario público.
La confesión comprada de Alberto del Cid hace evidente que la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción en el Estado de Sonora actúa de manera corrupta. Todo indica que el encarcelamiento de Morales Borbón es por razones de carácter político y no hay pruebas que inculpen al periodista. La gobernadora priista Claudia Pavlovich ofreció en campaña llevar a la cárcel a los integrantes del gobierno panista a quienes se les prueben actos de corrupción.
No es el caso de Morales Borbón a quien la Fiscalía culpa a partir de comprar por 1,400 pesos la confesión de un testigo analfabeto. El actual gobierno de Sonora hace bien en investigar la supuesta corrupción del gobernador anterior y altos funcionarios, pero tiene que probar su culpabilidad en el marco de la ley y no con la construcción de pruebas falsas y la compra de testigos a modo.
La esposa de Morales Borbón exige del gobierno de Sonora una explicación de los hechos ante las contundentes pruebas de “fabricación de delito” por parte de la Fiscalía. Pide también se frene el “revanchismo” en contra de funcionarios del gobierno anterior. La gobernadora Pavlovich debe aclarar de manera urgente este caso, para no quedar implicada en actos de corrupción. Urge se deslinde del mismo.