Legisladoras, funcionarios y expertos coincidieron en que a pesar del supuesto empoderamiento de las mujeres en distintos sectores, aún se presentan casos de violencia en su contra, principalmente en materia obstétrica, política-electoral, laboral y en el derecho de propiedad.

En el marco de la Mesa de Trabajo “Igualdad de Género, Discriminación y Derechos Humanos:Avances, Obstáculos y Propuestas para una Agenda Legislativa” en la Cámara de Diputados, autoridades pidieron fortalecer las políticas públicas que ayuden al desarrollo de las mujeres y les garanticen acceso a la educación, salud, trabajo y justicia.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), pidió tipificar como concepto de violencia política de género las acciones u omisiones que restringen los derechos políticos electorales de las ciudadanas, como amenazas e intimidaciones en contra de mujeres candidatas a puestos de elección o realizar simulaciones en el registro de candidaturas u obligar a la mujer a renunciar al cargo ganado.

“Los actos de violencia política de género no sólo se realizan durante las elecciones, por lo que la protección debe ser más allá de los procesos electorales”.

Isaías Trejo Sánchez, director general de Quejas de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideró que algunos de los obstáculos para lograr una igualdad material entre hombres y mujeres son la discriminación, los estereotipos, marginación social, rezago educativo y en materia de salud.

El subsecretario de Previsión Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Ignacio Rubí Salazar, aseguró que al 2016, existen poco más de 19 millones de mujeres en el mercado de trabajo, de las cuales, 72% son madres, y de ellas 4 millones 100 mil son jefas de familia.
“Si le preguntan a una obrera lo que para ella representa que el 42 por ciento de la Cámara de Diputados son mujeres, les resulta irrelevante; lo que ellas quieren es que se empareje el piso para que haya acciones de igualdad y las mismas oportunidades en materia laboral”.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), pidió caminar de la mano con la administración pública federal y las organizaciones de la sociedad civil en la lucha y conquista por los derechos humanos de las mujeres en todos los aspectos, en cada ámbito, donde se han dado batallas a pequeña o gran escala.

La titular de Igualdad de Género de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Aida Marina Arvizu Rivas, precisó que de los 4 millones 958 mil 319 habitantes de zonas rurales, campesinos, avecindados, comuneros o integrantes de núcleos agrarios, sólo un millón 306 mil 951 mujeres cuentan con derecho de propiedad.

De este número, el 63% son ejidatarias mayores de 50 años, mientras que 29.6 por ciento son comuneras de más de 65 años de edad.