En la ejecución de la política pública se le asignan recursos financieros a lo que se quiere suceda. Eso define las prioridades. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que el Ejecutivo federal acaba de mandar al Congreso para el 2017, no se contemplan los recursos necesarios para echar andar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como lo hace notar Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con MCCI, el proyecto de presupuesto no contempla recursos para dos nuevas instituciones del SNA: la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana, y se plantean recortes en dos instituciones clave para inhibir y sancionar la corrupción. Desde que inició el sexenio, la propuesta presidencial contempla el presupuesto más bajo asignado a la Secretaría de la Función Pública (SFP). En términos reales, recibirá 6.2% menos que en el 2016.
La Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por los Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, que está adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), se encarga de la persecución penal de delitos de corrupción y es la base sobre la que se va a crear la fiscalía especializada en combate a la corrupción. En el 2017 se propone un presupuesto igual al del 2016, a pesar de que ahora cuenta con mayores responsabilidades y requiere una mayor especialización de los ministerios públicos, según MCCI.
En el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el responsable de sancionar las faltas administrativas graves, el gasto crece 3.5% en términos reales. La Auditoría Superior de la Federación tiene un aumento de 6.4 por ciento. De aprobarse el proyecto de presupuesto, dice MCCI, las cinco instituciones del Comité Coordinador recibirán, en términos reales, 2.2% más recursos que en el 2016, incremento insuficiente para lograr los objetivos de la reforma anticorrupción.
María Amparo Casar, especialista en la problemática de la corrupción y presidenta ejecutiva de MCCI, afirma que “la intención del Ejecutivo para echar a andar el SNA debió plasmarse en el proyecto de presupuesto. No destinar suficientes recursos al combate a la corrupción pone en riesgo su puesta en marcha”. Para el Ejecutivo federal, de acuerdo con el proyecto de presupuestos, fortalecer el nuevo SNA no resulta una prioridad.
Los partidos representados en el Congreso pueden modificar la propuesta presidencial y destinar los recursos que necesita el SNA para arrancar con toda la fuerza que requiere. Con su decisión pueden hacer evidente que ellos sí tienen la voluntad política para que el conjunto de leyes e instituciones que integran el SNA se hagan realidad plena. Uno de los mayores reclamos de la sociedad es la lucha contra la corrupción. Ahora, la decisión está en manos del Congreso.
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