El pasado lunes amanecimos con la sorpresa que concesionarios y permisionarios del transporte público habían aumentado la tarifa preferencial que tienen los estudiantes y personas de la tercera edad. Así, sin avisar y sin mediar autorización alguna por parte de la autoridad, estos señores incrementaron un peso el costo del pasaje.
Jóvenes y ancianos se llevaron la sorpresa al leer la cartulina que llevaban pegada en el parabrisas los autobuses, en la que se les avisaba que debido a los costos de los insumos y otras lindezas, tenían “la necesidad” de subir la tarifa.
Se entiende y comprende la situación de los cooperativistas porque es similar a la que vivimos millones de veracruzanos y mexicanos. Los salarios son insuficientes para satisfacer lo básico. Compartimos las mismas penurias, pero no es “apretando” al prójimo como se solucionan los problemas ni de ellos ni de los trabajadores.
Ese mismo lunes, el diputado presidente de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad de la LXIII Legislatura de Veracruz, Adolfo Ramírez Arana, levantó la voz y dijo que los concesionarios del transporte público no pueden regirse por sus propias normas y aumentar el costo de la tarifa preferencial para estudiantes y personas de la tercera edad, por lo que la Dirección de Transporte Público del Estado debe mediar y hacer valer la ley.
“No sé si tengan o no la razón los inconformes al aludir a la crisis económica y al alza en los insumos”, indicó el legislador, “pero lo viable es que dialoguen la Dirección de Transporte y los concesionarios porque todo debe regirse por la ley, para que haya aumento debe haber primero un convenio firmado y posteriormente, hacerlo oficial”.
La falta del compromiso asumido por el Gobierno de la República, de no incrementar los precios de las gasolinas, aunado a factores externos e internos, ha puesto al país en una espiral inflacionaria de resultados insospechados. Todas y todos somos afectados por sucesos ajenos a nuestras vidas que determinan nuestra existencia. El actual precio del dólar sólo es la punta del iceberg.
Vuelvo con el diputado Ramírez Arana, quien expuso que ante la medida tomada por algunos empresarios del transporte público en Veracruz y Xalapa, de aumentar el costo a estudiantes y adultos mayores, el Estado debe intervenir para no afectar la economía de los veracruzanos: “No puede haber decisiones unilaterales; primero el diálogo para analizar la viabilidad o no del aumento”.
Para quienes tienen el hábito de informarse por diversos medios, no es noticia la crisis política que vive en este momento nuestro estado. Lunes y martes hemos sufrido bloqueos viales por parte de docentes que exigen pagos y prestaciones pendientes. Algunos datan de hace un par de años.
Esta crisis debe solventarse. Las instituciones públicas de Veracruz deben ser fortalecidas y debemos reflexionar mucho sobre la situación actual. Señalar y culpar es lo más fácil, proponer y asumir compromisos es lo difícil.
