La ex Presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) pidió hoy la nulidad de su citación judicial a declarar para el próximo 20 de octubre en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en obras públicas realizadas en el sur del país, informaron fuentes de la defensa.
El abogado Carlos Alberto Beraldi, representante de Fernández para este expediente judicial, explicó en declaraciones a Radio del Plata que pidieron hoy “la nulidad del requerimiento que han hecho los fiscales, intentando citar a la ex Presidenta de la Nación por delitos que abiertamente son absurdos”
“Esto no debería haber pasado a mayores, es una investigación totalmente incipiente (…). El dictamen es nulo porque se apoya en una prueba que sostiene las conclusiones contrarias a esa postura”, agregó.
Para el abogado, los informes presentados sobre las auditorías de la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo), objeto de esta denuncia, muestran que no hubo “incumplimentos”.
“No se han detectado desajustes entre las obras que están certificadas y las obras que fueron pagadas, se habla de demoras que no fueron tales y que se justifican en las condiciones meteorológicas. De todo lo que se encontró, no encontraron prácticamente más de un 0.1 (por ciento) de incumplimientos, algo que es totalmente natural en este tipo de operatoria”, sostuvo Beraldi.
Además de estas supuestas contradicciones entre las acusaciones contra Fernández y las pruebas recolectadas, el abogado sostiene que hay una “clara intencionalidad política” en esta causa.
“No necesita ni quiere ningún tratamiento especial, sino que se haga una investigación completa, objetiva e imparcial”, recalcó el letrado.
Fernández está llamada a declarar ante el juez federal Julián Ercolini el próximo 20 de octubre por el presunto direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de “beneficios exclusivos” a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.
Por este motivo también deben declarar otras 33 personas, entre ellas varios ex altos cargos del Ejecutivo que dejó el poder en diciembre pasado, como el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López.
De mantenerse la citación, sería la segunda vez que Fernández tendría que prestar declaración indagatoria desde que dejó la Presidencia, ya que en abril pasado se sentó frente a otro juez por presunto perjuicio económico al Estado en operaciones del Banco Central realizadas durante el final de su mandato.
