“Creo que las relaciones sociales de los dos sexos, que subordinan un sexo al otro en nombre de la ley, son malas en sí mismas y constituyen hoy uno de los principales obstáculos al progreso de la humanidad. Creo que deben ser desechadas para dar lugar a una verdadera igualdad, sin privilegios para un sexo, ni incapacidad para el otro”.
John Stuart Mill
Aunque las efemérides nacionales señalan el 14 de noviembre como fecha en que el Congreso de la Unión aprueba la reforma al art. 4º constitucional lograda en el año de 1974 en donde se establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres mexicanos, es hasta el 31 de diciembre de ese año, en que surte efecto al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto expedido por el entonces Presidente de la Republica Luis Echeverría Álvarez. Y esta fecha, que poco se recuerda, es también muy importante en la historia de los derechos sociales y políticos de las mujeres en nuestro país, pues representó sin duda un gran logro para el momento.
Pero un resultado de esa naturaleza no se alcanza con facilidad. Hubo muchas circunstancias alrededor de ese hecho que lo permitieron:
• Primeramente, hay que analizar lo que sucedía a fines de la década de los 60 e inicios de la década de los 70. Ya se empezaban a observar los primeros frutos reflejados en avances en las mujeres en materia política, pues después de la consecución del voto en 1953 la participación política de éstas se incrementó dentro de los partidos principalmente y se multiplicaron los movimientos femeniles civiles nacionales, enarbolando diversas causas.
• La llegada de las primeras Senadoras de la República a las Legislaturas XLVI y XLVII del Congreso de la Unión, ganando en sus respectivos estados por abrumadora mayoría: María Lavalle Urbina (Campeche) y Alicia Arellano Tapia (Sonora)-por cierto esta última, madre de la actual gobernadora de ese estado–, y la presencia de 12 diputadas de diferentes partidos en la XLVI, permitía vislumbrar una gran esperanza en la consecución de espacios y logros jurídicos al interior de esas instancias legislativas.
• La calidad de mujeres que hacían presencia en las Cámaras, preparadas y con una gran vocación, dejaban muy bien ubicada la imagen femenina que con éxito se estrenaba en la tribuna, pues llegaban a trabajar en serio para resaltar la presencia de éstas y realizar las reformas que mejor convinieran a las mexicanas y mexicanos. Incluso en XLVI legislatura (1964-1967) por primera vez una mujer llegaba a contestar el informe Presidencial a Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de la República en el momento y se trató curiosamente de una veracruzana nacida en Tuxpan, Ver—pero radicada desde joven en el Estado de Quintana Roo–, Doña Luz María Zaleta Islas de Elsner.
Cabe señalar que en el transcurso de 17 años, de 1953 a 1970, de 899 posiciones en el poder legislativo federal solo 35 mujeres habían podido acceder a las diputaciones federales, siendo el 4 % del total. Igualmente en el Senado hasta 1970, la presencia era de: 56 varones y 2 mujeres, lo que representaba para éstas, el 3.44 % del total de posiciones. (PRONAM, 1997:231). Sin embargo, aunque los avances del momento pudieran parecer incipientes, la verdad es que eran logros iniciales que abrían brecha para muchas luchas que apenas se emprenderían.
Por otra parte existieron aspectos en el contexto internacional, que vinieron a acelerar la generación de políticas en las naciones del mundo que involucrarían a su población con la finalidad de poner en práctica nuevos mecanismos de redistribución de los servicios para mejorar el nivel de vida de los habitantes de los países en vías de desarrollo.
De esta manera, los temas vinculados con las necesidades fundamentales de las naciones del tercer mundo, como educación, alimentación, salud, entre otros, cobrarían fuerza en los organismos internacionales y entre los diferentes gobiernos. Luego entonces actores ignorados hasta el momento, empezaron a ser visibles como elementos de cambio para contribuir al desarrollo mundial y esos elementos vitales eran: las mujeres.
Por ello éstas, en pocos años– de 1970 a 1975–, pasaron de ser prácticamente inexistentes en los proyectos de la ONU, a ser una pieza clave para la solución de los problemas globales, particularmente en el freno a la explosión demográfica que dio pie a las campañas de planificación familiar de la década de los 70. Y a partir de ese momento la propia ONU inició la organización de las conferencias mundiales, correspondiéndole a México ser anfitrión de la primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, prevista para el año 1975.
Por ese motivo las mexicanas no se podían quedar atrás y por ello, desde un año antes se empezó a preparar el escenario. Y el gobierno de México asumió el compromiso y preparó a las anfitrionas en el tema para estar en sintonía y poder con ello hacer frente de manera muy digna, a esa responsabilidad.
En el mes de septiembre de 1974, el Presidente Luís Echeverría declaraba: La mujer debe disfrutar de absoluta igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus responsabilidades. En general los ordenamientos del país contienen notables avances en esta materia. Varios estatutos conservan no obstante mecanismos de tutela que no se justifican con la hora actual y que, incluso se han vuelto en contra de la propia mujer a la que pretenden brindar una protección mal entendida; es preciso entonces romper las barreras que impiden a la mujer su pleno desenvolvimiento en la vida política, económica y social y que obstruyen por lo tanto el avance integral de México. De esta manera, hemos dispuesto una revisión de las leyes federales a fin de someter ante esta soberanía las iniciativas conducentes para eliminar cualquier vestigio de discriminación femenina”.
Ante esa disposición abierta de parte del Presidente, las mujeres que ocupaban posiciones en la Cámara Federal así como las que encabezaban las organizaciones civiles de México, se apresuraron a actuar en consecuencia y la meta fue lograr la igualdad jurídica para las mujeres. Por lo tanto, Había que darle forma a una propuesta constitucional para cubrir un vacío en la Ley general en el tema y tenía que prepararse para enviarla al ejecutivo para valorarla. Entre las participantes más importantes estaba Margarita García Flores –quien había sido en el pasado precursora del voto para la mujer mexicana–: “Personalmente como diputada federal tuve la oportunidad de coordinar las comisiones dictaminadoras para elaborar el dictamen y organizar el foro de consulta popular.” (Margarita García Flores, 1990: 50, en Lladó Z. (2007).

De esta manera, el Presidente Echeverría envío la iniciativa de reforma al artículo 4º y 5º Constitucional, –con sus repercusiones a los artículos 30 y 123, apartados A y B en sus fracciones relativas–, que a la letra decía:

“El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia…Toda persona—aquí se cambió el término hombre– tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”

Misma iniciativa que es aprobada en la Cámara de Diputados el 14 de noviembre de 1974 y publicada en el Diario Oficial de la Federación” el 31 de diciembre de ese año.

Pero el artículo 4º ha sufrido diversas adiciones después de esa fecha. En marzo de 1980 se incluyó el párrafo:” es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental: La ley determinará los apoyos a la protección de los menores a cargo de las instituciones públicas”. Como igualmente las dos reformas al mismo artículo, de febrero de 1983, que establecieron por una parte el derecho a la salud y por otra el derecho de los mexicanos a la vivienda digna. Dando también pie a las reformas a los códigos civiles que favorecieron a las mujeres, para igualar derechos en materia de herencias, el derecho a la alimentación, la presunción de paternidad, la planificación familiar, etc , y a los códigos penales como en el DF, a partir de 1983, en materia de delitos sexuales en donde se tipificaron diversos agravantes.
De ahí en adelante al adquirir la mujer legalmente la igualdad de derechos y obligaciones frente al hombre, se escribieron muchas páginas nuevas que aceleraron los avances en materia de políticas públicas gubernamentales para eliminar la desigualdad de trato entre ambos géneros y se fueron generando mayores espacios de participación y con ello el impulso a la formación de nuevos cuadros femeninos que habrían de continuar la lucha.
Una lucha que en el presente permite ya no solo la igualdad jurídica, sino también la igualdad política. Porque las mujeres mexicanas a partir de 2014, tienen el derecho de ocupar el 50% de las postulaciones a los cargos de representación popular, lo que obliga a cada partido político a su cumplimiento, con pena de no ser aceptado el registro de sus candidatos de no acatarlo.
Por eso me he permitido tocar el tema, pretendiendo dar a conocer estos datos, en especial para reflexión en las nuevas generaciones de políticos y políticas, para que valoren que el llegar a los cargos públicos y de representación popular, no es un premio sino un honor, lo que obliga dignificar esos espacios porque con ello se honra a los hombres y mujeres que en la historia de nuestro país, han luchado por lograr esas conquistas de las que hoy gozan y que hoy les toca hacer lo propio.
Gracias y hasta la próxima
Bibliografía
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Gastelum Ma. De los Ángeles (2008), La mujer en la reforma legislativa, Dirección de estudios de postgrado UNAM
Lladó C., Zaida (2007) La ruptura al interior de la participación de la organización femenil del PRI en México (1993-1999) Tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias Políticas y administración pública, COLVER
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-03482014000200007&lng=es&tlng=es