Como decía antes, una de las razones de que el financiamiento de los partidos políticos en México se haya elevado, ha sido la aparición de nuevos y la no eliminación de los que no tienen representatividad, y aunque esas son algunas de las razones más importantes, no son las únicas.
Desde el año 2000, al elevarse el número de partidos que obtuvieron escaños en el Congreso de la Unión de 5 a 8, llevó a un incremento de más del 50 % en el financiamiento para los mismos. De 700 millones antes de la elección, a 1500 millones que costó la del año 2000. Y peor aún del 2001 a 2004, el financiamiento se elevó hasta 2200 millones. Es decir en menos de 4 años creció en un 300 % en el gobierno de Vicente Fox. Y se vuelve a elevar sustancialmente para la elección del 2006, cuando otros dos nuevos partidos logran posiciones en el Congreso.
Pero también hay otros aspectos que han provocado las variaciones intempestivas en el monto de los financiamientos, algunos derivados por el propio sistema de partidos y en otros, en la forma en que se desarrollan los procesos que por acumular vicios resultan totalmente insostenibles. Por una parte lo relacionado con la fórmula que se ha ocupado para definir el costo de las elecciones, ya que originalmente sólo se consideraban las elecciones paralelas a la elección presidencial y no las intermedias; pero, al considerar hoy a estas últimas, los montos se incrementaron de manera notoria.
Otra variable, –que aunque no todos impactan directamente al financiamiento estatal–, si encarecen los procesos y es el relativo a los gastos indirectos de las jornadas electorales que las hace ya casi insostenibles, por ejemplo: presencia masiva de publicidad gubernamental, compra de publicidad por parte de los partidos en cantidades descomunales, participación disimulada de actores impedidos para comprar publicidad, etc. Pero existen otros que hoy se suman a los anteriores, como serios agravantes: la comercialización del voto.
La compra del voto, ha sido un fenómeno que se ha intensificado desde las elecciones de 2006. Antes de esa fecha el pecado más grande que podría hacer un partido o candidato, era regalar una despensa, una gorra, camiseta o algún tipo de utilitario a un elector; hoy los líderes–sean de colonias, comerciantes, empresarios, etc.,– cambian su voto y la de sus allegados por miles y millones de pesos o lo condicionan por compromisos anticipados, y esto cada vez está peor. Y lo mismo se hace en elecciones locales o federales, fomentándose una inercia de complicidades, corrupción y degeneración de los procesos electores.
Todo ello demuestra la falta de capacidad, tanto de los aspirantes que necesitan comprar voluntades para poder ganar una elección y la voracidad de los liderazgos que se venden al mejor postor. Los líderes “mercenarios” “sangran” las campañas, condicionando su apoyo y el de sus seguidores. Esto hace que las elecciones para un candidato, cada vez sean más caras. Siendo ahora ya una condición el que pueda alguien aspirar a un cargo de elección si posee un capital extraordinario de respaldo para poder moverse. Es decir los procesos se han prostituido a tal grado que –con sus honrosas excepciones–, los aspirantes requieren de miles de millones de pesos para, primero ser elegidos dentro de su partido como candidato y posteriormente para ser electos por el pueblo.
Y todo ello sólo demuestra la minusvalía natural de los actores políticos en campaña que no tienen capacidad, honorabilidad, ni carisma para ganar limpiamente una elección.
Pero volvamos al financiamiento oficial. En la reforma electoral de 2007-2008, se intentó regular lo anterior disponiendo procedimientos de control y vigilancia del origen y uso de los recursos así como por incumplimiento. Se restringieron los donativos en dinero o en especie, que vinieran de cualquier poder público o entidades del gobierno, de organismos internacionales, ministros de culto, etc. Las aportaciones de afiliados no rebasarían el 10% y el límite de aportación de una persona moral seria de 0.05 %, La fórmula ahora cambiaria a 65 % del salario mínimo multiplicado por el número total de inscritos en el padrón electoral. 2 % para capacitación y la repartición del 30% de financiamiento público y el 70 restante con base del porcentaje de votos obtenidos de la elección de diputados anterior.
Pero aquí se agregó algo, que nuevamente incremento el financiamiento, los partidos políticos con registro posterior a la última elección recibirían el 2 % ordinario, 2 % para actividades de campaña y serian beneficiarios del 30 % del financiamiento público. Esto sólo motivó que partidos políticos nuevos continuaran surgiendo sin revisar con seriedad la extinción de algunos otros que ya no representaban nada para el electorado, pues con dificultad llegaban al porcentaje mínimo exigido para continuar vigentes. Por otra parte, los mecanismos de la autoridad electoral se veían impotentes ante el empecinamiento de los actores políticos de trasgredir las reglas relativas a las fuentes de financiamiento, ahora ya incorporando otra variable: dinero “malo” de dudosa procedencia.
Con la reforma de 2014, se intentó frenar la proliferación de partid