Uno de los problemas más serios que enfrenta la sociedad mexicana y que permite de cierta forma un ciclo en el que se hacen perpetuos algunos de los males que afectan directamente a la vida y progreso de los ciudadanos es la impunidad. Un mal generalizado en el país.
Para poder vivir en una sana convivencia común se vuelve indispensable asegurarse que las conductas antisociales de los individuos sean sancionadas y que todos los miembros de la comunidad estén conscientes de ello. Podemos asegurar que la aplicación de la ley, en cualquier caso sin excepción, contribuye a la sana convivencia. No, no erradica el crimen, pero evita problemas de impunidad y las consecuencias que enfrenta México actualmente.
Según el Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), la crisis de inseguridad, violencia, corrupción y violaciones a los derechos humanos que se vive en nuestro país “tiene una raíz clara: la impunidad”. Es evidente que tras constatar que cualquiera puede quebrantar la ley sin ningún castigo, los delincuentes encuentran un aliciente para cometer sus ilícitos y mantener el hábitat adecuado para subsistir.
Según el IGI-MEX, existe corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para atender el problema de la impunidad que se convierte en un problema de gobernanza. En otras palabras, es un asunto que ya rebasó a todas las instancias de gobierno y, claramente, el Estado no puede atender este problema de manera aislada.
La impunidad entonces se coloca como uno de los mayores problemas de nuestro país y como la raíz y el origen de muchas consecuencias, previstas y no previstas, y se vuelve necesaria la atención y participación de todos los actores no gubernamentales. La participación se vuelve fundamental para la solución de este problema que afecta política, social, cultural y económicamente a todos los sectores de México, cuidando siempre de no incurrir en otros delitos al momento de involucrarse activamente.
Según el IGI-MEX del 2016, solamente se denuncian siete de cada 100 delitos cometidos por lo que la cifra desde el 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8 por ciento. Los mexicanos afirman que las dos principales razones por las que no denuncian son: la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad, pero el estudio sobre la impunidad en el país encontró que la razón de fondo a este problema que desincentiva a los ciudadanos a denunciar es que el sistema que debe castigar los delitos tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos.
Con la irrupción de las cámaras en los dispositivos móviles surgió la idea de grabar a los infractores durante o después de haber cometido un ilícito o una falla a algún reglamento. La idea no es hacer justicia por su propia mano pero sí invitar al juicio moral tras compartir el video de la falta en redes sociales, esperando a que el tribunal moral aplique sanciones no previstas en las leyes pero sí perceptibles, en la imagen de los infractores.
Con la irrupción mencionada llegaron los llamados #Lords y #Ladies, un mote que se le acuña a todos aquellos infractores que serán enjuiciados en redes sociales y medios digitales, en una suerte de tribunal que busca justicia ante un sistema que convive con la impunidad.
Esto presenta un nuevo problema. No se puede difundir la imagen de una persona sin su consentimiento. Esto incurre en ataques al derecho a la privacidad y derechos de autor por lo que se puede proceder en contra de la persona que viole estos derechos, según dijo el maestro José Luis de la Garza, que recientemente asumió como presidente del Consejo Directivo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.
En entrevista para El Economista, José Luis de la Garza dijo que nos enfrentamos a un problema cuando alguien graba a otra persona o personas y difunde ese material audiovisual en redes sociales. Cuando una persona quiere hacer valer una defensa de los derechos de la privacidad o los de derechos de autor, que son lo que amparan a los ciudadanos contra el uso no autorizado de la imagen, “se encuentra con que los mecanismos para hacer valer es muy débil, muy poco claro y confuso, los mecanismos de defensa no son exigentes, está mal regulado y resultan en poca eficacia” dijo José Luis de la Garza.
Según de la Garza enfrentamos un problema de “juicios paralelos” que en redes sociales han tomado mucha fuerza. Mientras por un lado se pretende que el sistema judicial imponga una sanción prevista en las normas, se busca que además exista otra en un juicio en redes sociales, donde se aplicará una sanción moral. “En redes a una persona se le puede difamar, se le puede acusar sin pruebas de haber cometido un delito; esto se generaliza y la población lo cree y lo toma como cierto y resulta que quedan rebasados los tribunales en esta percepción de sentencias mediáticas y que después aunque se obtenga una sentencia absolutoria judicial, resulta que el daño moral y a la imagen es irreparable. Por un lado te tardas mucho tiempo en ganar un juicio mientras que la percepción de la persona quedó seriamente dañada y en redes sociales fuiste desprestigiado”.
El Presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, admitió que la sociedad mexicana, cansada de los altos niveles de impunidad en el país busca alternativas a la justicia. “Esto tiene que ver con que los tribunales no resuelven de manera expedita los casos, resolver un caso tarda años y puede necesitar de una gran capital para contratar abogados, y en esta fe de impunidad, la gente no confía en la autoridad para denunciar los delitos y en ese escenario hay una búsqueda por la justicia y hemos visto dos salidas: Los de justicia por propia mano que se han dado a lo largo del país y la otra con juicios paralelos, presentados con poco contexto. Esto es peligroso porque polariza a la sociedad y fomenta que se prefiera acudir a las redes sociales y atacar por medio de desprestigio, en lugar de afrontar el problema en un juicio que va a tardar mucho”.
Gisela Pérez de Acha, abogada de la Organización No Gubernamental Derechos Digitales, dijo que “la división de lo público y lo privado se difumina con internet y las redes sociales”. Según la abogada, la privacidad se vuelve un concepto más complejo, si se le enfrenta con la vida pública y las redes sociales, por que pierde carácter de espacio público pero adquiere rasgos de esfera pública, concepto introducido por Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo alemán.
Según esta teoría, las redes sociales simularían un espacio virtual en donde se puede reunir una masa a discutir interese comunes fuera del ámbito público relacionado con el Estado, aunque Gisela hace la aclaración que siguen siendo un espacio privado. Además concluye que el grabar en la calle es invasivo a la privacidad de los ciudadanos, aunque incluye algunas excepciones.
Pérez de Acha considera que debido a que la dinámica de poder entre funcionarios y civiles es desigual, entonces sí se puede grabar porque es un acto de interés público, “más si está actuando en ejercicio de sus funciones y el funcionario no te puede grabar a ti. Además no tiene permiso de grabarte.” Entre supuestos iguales “se vuelve interesante porque es una falla del estado de derecho. Se le cede poder al estado que ha creado instituciones para dirimir esos conflictos, lo que empieza a pasar cuando se debilitan esas estructuras es que se hace justicia por su propia mano, pero está fuera del pacto social”.
La también especialista en libertad de expresión y género, propone un cambio de modelo de contrato social que entienda e incluya las diferencias que se generan con el uso de la tecnología, porque sin estos cambios “regresamos al estado previo al contrato social que es la ley de la selva. Lo preocupante es que el juicio se deja en manos de las masas y las masas son terribles. Por un lado el enjuiciamiento parece un panorama de solución ante la grave falla en la que incurre el estado al permitir la impunidad. Pero por otro lado encontramos relaciones desiguales entre supuestos iguales”.
Gisela Pérez de Acha explicó que el único caso en el que según ella podría usarse la cámara del teléfono para generar una protección, es cuando encontramos relaciones de desigualdad, por ejemplo en el ya mencionado caso del encuentro con alguna autoridad y también para cuando hay una diferencia evidente de diferencia de poder y suplir la falta de simetría de poder. “Por ejemplo en el caso de algún acosador, si me acosa y yo lo grabo y lo denuncio entonces está justificado y la cámara del teléfono se usaría para equilibrar, aunque nunca para el juicio público”.
En cualquier caso todos los que han sido imputados en las redes sociales tienen el derecho a ser librados del estigma con el que cargan. No importa si fueron culpables o no tienen derecho a que la memoria global colocada en lo digital borre esas fallas. En el caso de los que sí fueron encontrados culpables, después de haber saldado su condena, concluyeron ambos expertos. En el caso de los que simplemente fueron juzgados también tienen el derecho a exigir que se les separe del estigma que generó el enjuiciamiento público en los medios digitales.
Como sociedad aún nos hace falta encontrar principios generales que nos lleven a las soluciones que estamos buscando, pero sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de un nuevo contrato social que contemple cambios necesarios y que se adapten a las nuevas necesidades y que contemplen las fallas que generan los vacíos de justicia propiciados por la impunidad.
Con información de: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/03/12/lords-ladies-tambien-podrian-defenderse-ti
