Por mayoría de seis votos contra cinco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el uso de la fuerza pública, con pleno respeto a los derechos humanos, siempre y cuando exista una “agresión real” y por ende estén en peligro los bienes de la sociedad.
De esta forma, en el quinto día de discusión sobre la Ley Atenco, los ministros de la SCJN plantearon la validez de la fracción tercera del artículo tercero de la legislación que regula el uso de la fuerza en el Estado de México.
El presidente de la Corte, Luis María Aguilar respaldó el proyecto impulsado por el ministro Alberto Pérez Dayán al considerar que la definición sobre los tipos de agresión, contenidos en la norma, no atentan contra la seguridad jurídica.
Incluso hubo ministros, como Arturo Zaldívar, que reconocieron que el uso legítimo de la fuerza pública por parte del estado es un tema “de extraordinaria dificultad” pero también de trascendencia para la vida democrática.
En este tema se debe exigir al legislador tener una precisión y una claridad que esté más allá de cualquier duda sobre cuáles son los alcances, porque si vamos a integrar la norma, va a resultar que al final del día, no va a estar claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer”, señaló Zaldívar.
Durante el debate se externó la preocupación de que la dificultad del estudio de constitucionalidad de la norma se manifiesta en que no es una ley dirigida al ciudadano, sino que es para la forma de actuar de las corporaciones policiacas.
El máximo tribunal del país continuará en los próximos días con la revisión de las impugnaciones a diversos artículos de la ley mexiquense presentadas desde el año pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como por la Comisión Estatal.
