Leímos con bastante pesar, una nota periodística donde la fuente informativa es Mariana Aguilar, exdiputada perredista y quien estuvo en la congeladora por muchos años, hoy investida como Secretaria del Medio Ambiente se refirió a los 242 centros de verificación vehicular que operan en la entidad y pusimos atención en el tema principal que fue el acuerdo armonioso que tuvieron con los respectivos concesionarios y el final de la película es que están regularizados y si cumplieron todos con el proceso en su debido tiempo.
Sin duda alguna, Mariana Aguilar, está haciendo lo propio, su chamba como coloquialmente se dice y los espacios más fuertes de la nota es que los que manejan estos verificadores de contaminantes cumplan con la normatividad y no hay fijón con ellos.
Estos planteamientos nos hacen reflexionar y nos llevan a una sola deducción en la que nos preguntamos ¿dónde está o donde quedó aquella promesa de que les serian retiradas las concesiones a los que se vislumbraban como nuevos empresarios en este sector apoyados por la administración saliente de Javier Duarte de Ochoa?.
Pero esta promesa al tema fue abundante, porque según en su momento el precandidato a la gubernatura Miguel Ángel Yunes, las concesiones fueron entregadas en su mayoría a cómplices del gobernador Duarte para apropiarse de las utilidades de este servicio.
Y en ese mismo contexto después de haberse analizado, lo que consideraron un problema se planteó los siguientes acuerdos:
1.- Revocar todas las concesiones para operar centros de verificación vehicular.
2.- Mantener el costo anterior de la verificación vehicular que era de 210 pesos, mismo que se ajustará de acuerdo a la inflación.
3.- Concesionar la prestación del servicio de verificación vehicular a la Universidad Veracruzana, para que lo preste en exclusiva y directamente.
4.- Que en los centros de verificación vehicular laboren ingenieros egresados de la propia Universidad Veracruzana y los egresados puedan hacer su servicio social.
5.- Que el total de las utilidades derivadas del servicio de verificación vehicular queden a beneficio de la Universidad Veracruzana y que las mismas se destinen a la ampliación de matrícula y becas para jóvenes.
Lo cierto de todo es que ha transcurrido casi el 20 por ciento del corto periodo de gobierno y el tema fue prácticamente olvidado y nunca tocado por la Secretaria del Medio Ambiente, pareciera que nunca existió este asunto.
También es un hecho que a la ciudadanía poco le importa quién sea el favorecido con la concesión, lo que tal vez no pase desapercibido es que se involucraría la Universidad Veracruzana, mientras que la ciudadanía es la que se va a quedar esperando que se baje el costo de la verificación vehicular a 210 pesos como anteriormente estaba y que sean ingenieros egresados de la UV quienes ahí trabajen presten su servicio social…Habría que esperar si en 20 meses cumple este gobierno lo prometido porque en 4 no hay señales de humo.
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