La propuesta de una Asamblea Constituyente (Congreso unicameral) de unos 500 delegados, que enfrenta un firme rechazo de la oposición, es la estrategia del presidente Nicolás Maduro para pacificar a Venezuela, tras casi siete semanas de manifestaciones contra su gobierno.
El propósito de la Constituyente es reformar la Carta Magna vigente y Maduro asegura que con ella se alcanzará la paz, se cambiará el modelo económico petrolero y, principalmente, reformará la Asamblea Nacional y su incómoda mayoría opositora.
Insiste en que la Constituyente será soberana y plenipotenciaria, por lo que tendría jerarquía legal para disolver al Poder Legislativo.
Según Maduro, los delegados se elegirán mediante voto universal, directo y secreto, aunque una línea que anunció el 1 de mayo generó dudas sobre el método de elección, pues afirmó que la mitad de los delegados serán escogidos por grupos afines al gobierno como sindicatos y consejos comunales.
Pero las mayores dudas se refieren a la duración de la Constituyente, que podría ser de más de un año y durante ese tiempo estarán posiblemente suspendidas todas las consultas populares.
La oposición, incluso, cree que podrían representar un peligro para la realización de las elecciones presidenciales previstas para fines de 2018.
Maduro ha invertido las últimas dos semanas en sembrar la idea de la Constituyente, ante los reclamos de la oposición de convocar elecciones para los dos eventos anunciados para 2017, las de gobernadores y alcaldes.
Si el primer semestre del año transcurre en medio de manifestaciones contra el gobierno, sin elecciones, el segundo se vislumbra reservado a la propuesta constituyente, si la oposición falla en su intento para desmontarla.
Maduro sostiene que el rechazo a su propuesta está encabezado por la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), el grupo patronal Fedecámaras y la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).
El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Diego Padrón, explicó la posición de los obispos sobre la Constituyente, que consideran innecesaria.
“No hace falta una nueva Constitución, sino cumplir la que existe. El pueblo lo que pide es comida, medicinas, seguridad, paz y elecciones justas. El diálogo ante todo es una consulta al pueblo sobre si quiere o no quiere una Constituyente. El diálogo legítimo es con el pueblo, es el sujeto social de la democracia y para que sea eficaz se debe hacer una elección», puntualizó.
Maduro admitió la posición de los obispos y recordó que la CEV se había opuesto a la Constituyente vigente, cuando en 1999 se sometió a la aprobación popular.
El presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente, Elías Jaua, aseguró que para la Constituyente habrá elecciones universales y directas.
“Si hay elecciones regionales iremos a ellas y en 2018 habrán elecciones presidenciales… No se trata de una constituyente comunal sino ciudadana, que será construida por todos con voto universal y sectorial», explicó.
Los empresarios en Fedecámaras mantienen una posición similar, considerando que ahora no hace falta una nueva Constitución sino respetar y hacer cumplir la vigente.
Pero la mayor resistencia la tiene Maduro en la Asamblea Nacional, por su mayoría opositora, que ha rechazado la propuesta constituyente por diversas vías, resoluciones legislativas y manifestaciones en las calles.
Durante la semana la Asamblea aprobó la creación de un frente nacional en defensa de la Constitución, que declaró “ilegal” la propuesta constituyente de Maduro.
El líder de la Asamblea Nacional, Julio Borges, advirtió que la Constituyente propuesta por Maduro será rechazada por el mundo.
“Maduro está condenando al país a un paso a mayor violencia con esta propuesta. Además, todos los presidentes y todas las cancillerías no van a reconocer esa constituyente”, señaló.
Borges defendió las manifestaciones contra el gobierno, indicando que busca la defensa de la paz y los derechos humanos. Agregó que la violencia ocurre cuando las fuerzas del orden reprimen las manifestaciones.
“Nuestra agenda es muy clara. Es la paz del voto, la paz de los derechos humanos, la paz de que se cumpla la Constitución, de que se respete una Asamblea Nacional, que se cerró por un golpe de Estado.
“La violencia tiene un solo nombre y es Nicolás Maduro, es el que ha dicho que va a armar a los milicianos, ha enviado a los jóvenes militares, es el que ataca a los medios de comunicación, el permitió que se robaran el dinero de los venezolanos y por eso no hay comida ni medicinas. Este caos es producto de las violencia que él ha creado”, indicó.
La fiscal general, Luisa Ortega, quien en marzo sorprendió al calificar de ruptura constitucional las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despojaron de sus funciones a la Asamblea Nacional y que generaron la reacción de protestas callejeras, expresó su rechazo a la Constituyente.
En una comunicación divulgada esta semana, en respuesta a Jaua, alertó sobre la inconveniencia de la Constituyente.
Ortega señaló que si se convoca o no debe ser decidida por el pueblo en una consulta y alertó que la elección de sus delegados sea mediante la designación de ciertos cargos a través de corporaciones o gremios, negando así el derecho al sufragio libre, secreto, directo y universal.
Señaló que la actual crisis venezolana, sin “precedentes”, no requiere sancionar otra Carta Magna. Asimismo, advirtió que cambiar la Constitución “aceleraría la crisis” en el país.
