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Crónica del Poder

Durante el foro “Veracruz, los retos y la esperanza en la justicia” realizado en el Congreso del Estado con la participación de la Internacional Crisis Group, la diputada María Josefina Gamboa Torales habló sobre el trabajo hecho en la actual Legislatura al aprobar una nueva Ley de Víctimas y la apertura ciudadana para la integración de la Asamblea Consultiva, así como las actividades con los colectivos de búsqueda de desaparecidos y los informes solicitados a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con la participación del director del programa de América Latina, Iván Briscoe; Froylan Enciso, analista y Falko Ernst, consultor, todos de la organización Crisis Group, la legisladora refirió que la Comisión Especial para Respetar y Garantizar el Derecho a la Verdad a la Sociedad Veracruzana, por la Problemática de Personas Desaparecidas, Ataques y Homicidios a Periodistas ha encontrado algunas complicaciones en el nuevo sistema de justicia penal que obstaculizan el trabajo de los colectivos en la entidad.

Ante la presencia de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas y del legislador José Luis Enríquez Ambell, la diputada Gamboa Torales adelantó que presentará una iniciativa a fin de eliminar cargas burocráticas en organismos del Estado. Del mismo modo explicó que la actual Legislatura aprobó la reforma para obligar a comparecer ante el Congreso local a los organismos autónomos, además de que deberán remitir un informe de las actividades anuales.

La legisladora destacó el trabajo coordinado entre la Comisión de la Verdad e integrantes de Colectivos, con quienes –expuso- han dialogado con autoridades de la Fiscalía y el Poder Judicial del Estado para lograr, no solo la interacción, sino avances reales.

En el foro y ante la presencia de integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos en la entidad, Crisis Group entregó el informe “Veracruz: reparar el Estado de terror de México” en el que presenta datos en relación a desapariciones, crímenes, complicidad de autoridades y el papel de las fuerzas policiacas.

Además presenta como recomendaciones para romper el ciclo de violencia, impunidad y complicidad entre Estado y los grupos criminales el admitir e investigar minuciosamente la participación del Estado en crímenes de lesa humanidad, tales con las desapariciones forzadas.

Fortalecer la autonomía de la Comisión Legislativa de la Verdad y brindar a los actores de la sociedad civil el derecho a asociarse con las autoridades judiciales estatales para iniciar averiguaciones de delitos graves; honrar la independencia y abstenerse de interferir políticamente con el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz e iniciar de forma justa y transparente la remoción de funcionarios corruptos y cómplices del crimen de las instituciones estatales, en particular de la policía estatal.

Sentar las bases de la reforma policial mediante el apoyo a la profesionalización, la mejora del nivel de vida de los agentes y la restauración del sentido de dignidad en relación a las condiciones de servicio público e introducir mecanismos eficaces de control financiero, comenzando por la divulgación voluntaria de la asignación y uso de fondos públicos.

Demostrar el compromiso con la libertad de expresión divulgando plenamente cómo se asignan los fondos públicos a las empresas mediáticas, así como reformar y fortalecer los mecanismos de protección existentes para los periodistas y activistas de derechos humanos.

Por último, mejorar la coordinación con el Gobierno Federal en áreas fundamentales para brindar mejoras duraderas en la situación de seguridad, entre otras las áreas policiales, las operaciones de combate al crimen organizado, los programas de prevención del delito y el apoyo a las víctimas.

También participaron en este evento el titular de la Secretaría General del Congreso del Estado, Juan José Rivera Castellanos; el Fiscal Especializado en Delitos Electorales y en la Atención de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores, Jaime Cisneros Gómez; el Director General de Consolidación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobierno del Estado, Juan José Niño Tejedor y público en general.