La insalubridad, los precarios niveles de reinserción social, provocados en gran medida por la sobrepoblación en los centros penitenciarios que rebasa al menos el doble de su capacidad, aunado a que aproximadamente la mitad de los presos en las cárceles de nuestro país son inocentes, hace voltear la mirada al planteamiento de diversas organizaciones que promueven vehementemente que el sistema judicial revise los miles de casos de la población penitenciaria que está pendiente de un proceso que detiene su libertad, no obstante el cúmulo de pruebas que demuestran su inocencia.

Tan sólo en el estado de Veracruz, la Red Veracruzano Inocente, calcula que en esta condición hay más de 7 mil 300 presos y que de ellos, 363 son mujeres y 413 son mayores de 80 años de edad.

De ahí el beneplácito por el proyecto que lideran varios abogados veracruzanos que a través de esta Asociación pretenden excarcelar, de forma gratuita, y permitirles, después de una revisión minuciosa, que enfrenten sus procesos en libertad.

La loable acción de esta Asociación es brindar el seguimiento a aquellos delitos de querella y de oficio, valorando escrupulosamente el delito y anteponiendo la presunción de inocencia, ante el debido proceso.

Tomás Mundo Arriasa y Octavio Ruiz, junto con un considerable grupo de abogados veracruzanos, consideran que hay datos duros que son poco conocidos, como el que: “85 por ciento de las víctimas no acuden a denunciar los delitos. El 99 por ciento de los delincuentes no terminan condenados. El 92 por ciento de las audiencias en los procesos penales se desarrollan sin la presencia del juez. El 80 por ciento de los mexicanos consideran que pueden sobornar a los jueces. El 60 por ciento de las órdenes de aprehensión no se cumplen. El 40 por ciento de los presos no ha recibido una sentencia condenatoria y el 30 por ciento de los detenidos nunca habló con el juez que lo condenó”.

De ahí su pretensión que a través de la Red Veracruzano Inocente, se logren tres objetivos:

El primero consiste en analizar los casos de personas mayores a los 80 años, a fin de lograr que continúen su proceso desde su domicilio.

El segundo pretende excarcelar a aquellas mujeres que enfrenten procesos por homicidio o lesiones derivados de la violencia doméstica que sufrieron con sus parejas, a través de una excluyente de responsabilidad: “Síndrome de la Mujer Maltratada”.

Y el tercer propósito consiste en excarcelar a aquellos que actualmente enfrenten prisión derivado del sistema procesal llamado inquisitivo-mixto y que dentro del sistema adversarial no estén dentro de los casos de prisión preventiva oficiosa.

Quiero por este conducto agradecer la invitación que me hizo este grupo de abogados para impulsar dicho proyecto, que con mucho gusto he aceptado y que va más allá de estar atento a promover las reformas legales que se deban hacer desde el Senado de la República para concretar esta noble tarea. Mi compromiso incluye acompañar a los abogados, profesión que con ellos comparto, en su tarea de desahogar los miles de casos de quienes están privados de su libertad de manera ilegal y en la incertidumbre de si serán condenados o absueltos de los delitos que injustamente se les acusa.

No se trata, lo dejamos muy claro, de soltar a delincuentes, sino de hacerles justicia a quienes siguen presos por falta de recursos económicos para pagar una fianza o que a pesar de los visibles vicios procedimentales continúan presos por falta de una adecuada asesoría legal.

De ahí el éxito que esta Asociación ha ido acrecentando en territorio veracruzano, en sus 21 distritos judiciales donde hay reclusorios, manteniéndose a flote sólo con donativos altruistas, dado que sus servicios son gratuitos.

Enhorabuena a este loable proyecto.

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