Cientos de personas se manifestaron hoy en contra de la ley antiinmigrante SB 4 de Texas, frente al edificio de la Corte Federal en San Antonio, en donde se efectúa la primera audiencia judicial sobre la controversial legislación.
Más de 600 personas, provenientes de diversas ciudades de Texas, participaron en la manifestación que a pesar de esporádicas lloviznas se prolongó durante varias horas frente al edificio John H. Wood Jr. de la Corte Federal, en el centro de San Antonio.
El arzobispo de San Antonio, Gustavo García-Siller, uno de varios de los oradores que se dirigió a la muchedumbre, dijo que una ley como la SB 4, que entre otras facultades autoriza a policías cuestionar sobre el estatus migratorio de las personas, profundizará las divisiones y la ira entre la sociedad.
“Ya estamos divididos. Existe mucha violencia y mucho enojo. Una ley como esta, la SB 4, solo profundiza ese escenario”, indicó el religioso.
Otro de los oradores en la manifestación fue Terri Burke, director ejecutivo de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas. La SB 4 es una “vergonzosa” invitación a la discriminación racial de latinos, asiáticos o cualquier persona que se vea como extranjero”, dijo Burke.
El alcalde de Austin, Steve Adler, dijo sentirse orgulloso de estar en la Corte y de encabezar una de las ciudades que participa en la demanda contra la SB 4. “No es solo Austin, también San Antonio, Houston y Dallas y otras expresando la voluntad de la gente y tratando de mantener las comunidades seguras”, señaló.
En la audiencia, los opositores a la SB 4 y los promotores del estatuto exponen por primera vez sus argumentos en contra y a favor ante el juez federal Orlando García.
Los opositores, cuatro condados, cinco ciudades y varias organizaciones civiles, consolidados todos en una demanda en contra de la ley, centraron la mañana de este lunes sus argumentos en las cuestiones constitucionales que la aplicación de la ley SB causaría, algunos de los cuales fueron criticados por el juez.
Los argumentos se han centrado en torno a cómo algunas partes de la SB 4 se anticipan a la ley federal.
Los abogados que representan a los opositores del estatuto señalaron también que la prohibición de la ley a respaldar las políticas santuario, contra el cumplimiento de las peticiones de detención de las autoridades migratorias, viola la Primera Enmienda constitucional.
Indicaron también que las penas que impone la legislación obligan en esencia a los agentes de la policía a realizar el trabajo de agentes de Inmigración y Aduanas.
“Ellos están estableciendo un estatuto que incentiva el cumplimiento de la ley de inmigración al máximo”, dijo Lee Gelernt, un abogado de la ACLU.
Quienes apoyan la ley, abogados de la Oficina del Procurador General de Texas y del Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrecerán sus argumentos durante la tarde de este lunes. La audiencia podría prolongarse para el martes.
La ley SB 4, conocida también como ley contra ciudades santuario, está programada a entrar en vigor el próximo 1 de septiembre. La ley autoriza a los policías locales el preguntar sobre el estatus migratorio de las personas durante cualquier detención, incluyendo paradas de tránsito.
La ley contempla además castigar a los alcaldes, sheriffs, policías y jefes de policía, por no cooperar con las autoridades federales y honrar las solicitudes de detención de los agentes de inmigración para mantener detenidos a los reclusos no ciudadanos sujetos a la deportación.
La legislación establece que los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración, podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones.
Le ley contempla imponer sanciones de hasta 25 mil dólares por día a las jurisdicciones que violen sus disposiciones.
Desde su promulgación, el número de gobiernos locales que se oponen al estatuto va en aumento.
Las ciudades más grandes de Texas, incluyendo Dallas, Houston, San Antonio, Austin y El Paso, además del condado de Bexar y Maverick, entre otros, se han sumado a la demanda que cuestiona la constitucionalidad de la SB 4 y se pide su anulación.
También, la ACLU, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y el Fondo para la Defensa Legal y la Educación del México-Americano (MALDEF) se sumaron a la demanda que busca primero frenar el estatuto, para que no entre en vigor y luego que se deseche por inconstitucional.
