VÍA CRÍTICA

Miguel Ángel Gómez Polanco

En medio de la ingobernabilidad y represión de inconformidades, Venezuela transita por una de las etapas más álgidas en poco más de 18 años de régimen chavista, pero también con un alto grado de influencia para toda América Latina.

Las malas prácticas y subsecuentes reacciones de Nicolás Maduro para contener a la oposición a su Gobierno, han derivado en que éste utilice su posición para determinar modificaciones, incluso con rango constitucional, y “reinventar” el marco de su reprobada gestión, con la intención de prolongarlo mediante el empoderamiento de la minoría que representa hoy en día el chavismo.

Algunas de las formas que Nicolás Maduro se encuentra en vías de cristalizar radican en someter a la Suprema Corte de Justicia de aquel país, para que dicha instancia (la máxima en materia en impartición de justicia) avalara la convocatoria de un Congreso Constituyente para rehacer la Carta Magna venezolana, sin tomar en cuenta al parlamento y, por ende, dejar fuera a la representación popular.

No obstante, la ebullición social se ha hecho presente, y sí, con madurez, al convocar justamente el Parlamento a una Consulta Pública “simbólica” (pues el mandatario ni en sueños se atrevería a hacerlo por la vía del Referéndum) para conocer la postura del pueblo venezolano en torno al rediseño de la Constitución de su país.

El resultado: un triunfo apabullante del rechazo (7.2 millones de personas, equivalente a siete de cada diez habitantes) a que se reescriba el documento que, entre otros temas, contemplaría modificar las reglas de elección popular, sesgar los derechos político-electorales de las y los ciudadanos y partidos políticos para promover una República unipartidista, censurar y criminalizar las manifestaciones de oposición al régimen y, en esencia, imponer un Estado totalitario y, además, perpetuarlo.

Es decir: cambiar al país y distanciarlo de lo consagrado en la Constitución actual, que en su Artículo 347 establece que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y no una víctima del poder fáctico, en este caso, de don Nicolás.

Además, la iniciativa de Maduro contemplaría reducir al máximo los beneficios individuales de la propiedad privada (incluso heredada) imponiendo impuestos altísimos e impagables a la misma y facilitando al Estado para expropiar prácticamente lo que se le venga en gana.

Vaya problemón tienen en Venezuela. La conducta de Maduro es todo menos madura y democrática. Pero ¿por qué en pleno Siglo XXI se ven estas cosas en América Latina?

Yo tengo una teoría que hoy les propongo, amables lectoras y lectores: dichas situaciones tienen un trasfondo, incluso conductual, que evidencia la naturaleza de las y los latinoamericanos: tendemos a oponernos a las decisiones de Estado, pues en la mayoría de los casos, nos cuesta trabajo entender la Ley.

Y en México, ni les cuento. Ejemplos los hay y claritos. Ahí le van dos recientes:

El caso Coahuila, donde está en vilo la anulación de la más reciente elección de Gobernador. La razón: haber presuntamente violado el principio constitucional de equidad en las campañas, rebasando topes de gastos que en combinación con el requisito de la diferencia mínima de votos establecido en el Artículo 41 de la Constitución, hace que el asunto se convierta en una confusión sobre una posible causa para anular los comicios, dejando todo en manos de un cuestionado ente administrativo como el Instituto Nacional Electoral (INE)

Y aun cuando existen opciones -no aprobadas- para cambiar panoramas como el de Coahuila, como la segunda vuelta electoral ¿hemos reclamado que se tomen en cuenta? No. Incluso, de acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky, más del 47 por ciento de los mexicanos no son partidarios de la segunda vuelta. La pregunta es ¿sabe realmente ese porcentaje los beneficios de una segunda vuelta que dé contundencia a la decisión popular?

Por otra parte, tenemos al nuevo Sistema Penal Acusatorio y Adversarial que, producto de la reforma más reciente en la materia, ha sido objeto de las más amplificadas críticas derivadas de sus diferencias tan opuestas con el sistema mixto anterior al que estábamos acostumbrados, en el cual los derechos humanos eran violentados constantemente.

Sin embargo, ante la falta de capacitación de sus operadores (en todos los niveles de Gobierno) y la “impopularidad” social de este nuevo modelo (dixit Raúl Iruegas Álvarez, catedrático del Inacipe); el desconocimiento redunda en un caos de conceptos que mantiene en la incertidumbre a la opinión pública.

Total que la conclusión es que el desapego con la Ley y sus “trucos”, nos lleva a ser más reactivos y no preventivos, estacionados en la desidia, la apatía, irresponsabilidad o como usted le quiera llamar, dando como resultado que se elijan gobernantes con base en las emociones, las dádivas, las prebendas, el mesianismo, la “compra de las conciencias” y todo eso de lo que “siempre hay queja».

SUI GENERIS

Y con todo el respeto al sector que seguramente divulgara lo contenido en este panfleto editorial como si fuera una “blasfemia” (además de seguramente insultarme); debo decir que es alarmante pensar que en México estamos bajo riesgo de que «alguien» quiera instaurar medidas similares a Venezuela, si éste llega a ganar en 2018. Por eso importante considerar el ejemplo venezolano y hacer conciencia.

Señales de esto que le digo, las hay. Por ejemplo, el fomento a la confrontación entre clases sociales (“ricos” y “pobres”), explotando la crisis de los que menos tienen para adecuar su carencia en un discurso político; la demagogia plagada de promesas para “reconstruir” la estructura política mediante discursos de crítica al pasado y su corrupción; posturas incendiarias que menosprecian a las instituciones y las amenazan; oposición absoluta a las reformas económicas, políticas y sociales, y el síndrome del “yo no fui” o “soy el único honesto” ¿les suena conocido? Pues a los venezolanos también.

Y es que entre Venezuela y México hay similitudes preocupantes que radican en la medianía de las clases sociales que debaten sus decisiones y el poder de las mismas, en factores impulsados por el hartazgo, el descontento, y repito: en las emociones… pero muy poco en el raciocinio (igual que en las increíbles –pero reales- dictaduras de proletariado).

Entonces ¿qué tan dispuestas y dispuestos estamos a conocer el marco legal de nuestro país, para exigir a nuestros mandatados con fundamento y, antes, elegirlos de manera verdaderamente legítima y no emocionalmente?

En 2018, la gran oportunidad… o mejor dicho: una más para dejar de ser un país inmaduro