La Justicia brasileña aceptó hoy a trámite una nueva denuncia penal por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que el mes pasado fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión en otro caso por los mismos delitos.
Esta es la tercera vez que Lula pasa a la condición de reo en un proceso judicial en Brasil, aunque el expresidente es procesado en otros dos casos igualmente por las supuestas ventajas indebidas que recibió de empresas que se adjudicaron ilegalmente contratos de la petrolera estatal Petrobras.
En el proceso que fue aceptado hoy a trámite por el juez decimotercero federal de Curitiba, Sergio Moro, Lula es acusado de haberse beneficiado de las reformas millonarias que dos constructoras realizaron en una casa de campo cuya propiedad es atribuida al exmandatario en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo.
Moro también aceptó la denuncia penal contra otras 12 personas implicadas en este caso, principalmente ejecutivos de las constructoras que costearon las obras.
Entre los ahora reos figuran Marcelo Odebrecht, expresidente del grupo Odebrecht; Léo Pinheiro, expresidente de OAS; José Carlos Bumlai, empresario muy próximo a Lula y que supuestamente intermedió las negociaciones, y Fernando Bittar, un amigo del expresidente y que figura en los documentos como el propietario de la casa.
En su sentencia, el juez alegó que «no hay ningún registro de que Lula haya costeado las reformas», en tanto que los «elementos probatorios permiten concluir» que empresas beneficiadas por los desvíos en Petrobras fueron las responsables por las obras.
Según la Fiscalía, las obras en la casa de campo en Atibaia fueron costeadas por Odebrecht y OAS, dos de las empresas cuyos ejecutivos ya fueron condenados en el marco del gigantesco escándalo por los desvíos en Petrobras durante el Gobierno de Lula.
Según la Fiscalía, a pocas semanas de que Lula fuera sucedido en la Presidencia por su ahijada política, Dilma Rousseff, Odebrecht y OAS aceptaron realizar gratuitamente una serie de obras en una casa de campo en Atibaia que la familia del exgobernante visitaba con frecuencia.
De acuerdo con la acusación, las dos empresas realizaron en la casa de campo obras por un valor de un millón de reales (unos 312 mil 500 dólares).
Las constructoras realizaron mejorías en la residencia, construyeron una casa para los guardaespaldas de la Presidencia, un depósito, una cava y una sauna, y concluyeron obras en la piscina, la cancha de fútbol y un lago de la casa cuya escritura de propiedad está a nombre de los empresarios Jonas Suassuna y Fernando Bittar, amigos de Lula, a los que la Fiscalía considera como testaferros del expresidente.
La Fiscalía asegura que el costo de las obras forma parte de los sobornos que las dos empresas pagaron a cambio de adjudicarse ilegalmente seis millonarios contratos de Petrobras.
Los fiscales también dijeron haber encontrado indicios que sugieran que el exjefe de Estado es el verdadero propietario de la casa de campo, en la que comprobadamente estuvo en 270 ocasiones entre 2011 y 2016.
La defensa de Lula alega por su parte que la Fiscalía sabe desde hace varios meses «que la casa de campo frecuentada por el expresidente Lula en Atibaia no le pertenece y nunca le perteneció».
Los fiscales, agrega la defensa, «también saben que Lula nunca le pidió a nadie ni autorizó a nadie a realizar obras en el inmueble».
En junio pasado, el exmandatario fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por, supuestamente, haber recibido ventajas ilegales también de OAS.
El proceso en el que fue condenado se fundamenta en la supuesta entrega al exmandatario de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá por parte de la OAS a cambio de «favores políticos».
Lula, quien ha negado todos los cargos, sostiene que es inocente y víctima de una «persecución política y judicial» que tendría como objetivo impedir que postule en 2018 nuevamente a la presidencia, que ejerció entre 2003 y 2011.
Sus aspiraciones a disputar la presidencia en las elecciones de 2018 dependen ahora del fallo en segunda instancia, pues, si la sentencia de Moro llega a ser ratificada, las leyes electorales le impedirían postular para cualquier cargo público.
