La presidenta de la Comisión de justicia del Senado de la República, Pilar Ortega, informó que el Congreso de la Unión ha recibido diversas iniciativas para el nombramiento del titular de la Fiscalía General, pero lo procedente es hacer primero los cambios constitucionales que se requieren para perfeccionar y fortalecer esa institución, y que han sido objeto de gran debate público.
Explicó que posteriormente, y con base en el nuevo modelo establecido en la Constitución, se deberá discutir y dictaminar la minuta de la Cámara de Diputados sobre la Ley de la Fiscalía General, en conjunto con otras iniciativas presentadas en el Senado de la República en esta materia.
Ante ello, señaló que como Presidenta de la Comisión de Justicia continuará impulsando el análisis y discusión de las reformas necesarias para perfeccionar y fortalecer la institución de la próxima Fiscalía General de la Nación y para construir un nuevo modelo de procuración de justicia. “Son temas del mayor interés, no sólo para el Senado, sino para todas las y los mexicanos”, sostuvo.
En tanto el vicecoordinador político del PT, Miguel Barbosa Huerta, consideró que aprobar sólo la reforma al decimosexto transitorio del Decreto de Reforma Política para evitar el pase automático de Procurador a Fiscal General, como lo acordaron el gobierno y el PAN en la Cámara de Diputados, es una trampa.
“Se debe modificar el artículo 102 de la Constitución, para determinar un procedimiento abierto y transparente, en el que participe toda la sociedad y que de esa forma se anule la designación de un Fiscal Carnal”, argumentó.
Miguel Barbosa Huerta explicó que es necesario reformar no sólo el decimosexto transitorio referido, sino el propio artículo 102 constitucional para establecer un procedimiento transparente y abierto para la designación del Fiscal General, con garantías de autonomía constitucional a fiscalías especializadas y la aparición de un Instituto de Ciencias Forenses, con iguales condiciones de autonomía.
“Sí importa la historia de quien sea Fiscal General, no debe ser designado quien haya ocupado un cargo público producto de una elección, ni haber sido dirigente partidario o persona vinculada a intereses de esta naturaleza”, indicó.
