Bruselas acogió la visita de 200 alcaldes catalanes independentistas como un acto de precampaña para las elecciones regionales del 21 de diciembre, de las que el presidente destituido de la Generalitat, Carles Puigdemont, refugiado en la capital belga, pretende participar.
El objetivo del viaje es presionar a la Unión Europea para que “deje de mirar hacia otro lado” y se pronuncie contra lo que consideran una “persecución judicial e ideológica al gobierno catalán”, explicó Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI).
El périplo por la capital belga empezó delante de las instituciones de la Unión Europea, donde les aguardaban centenares de manifestantes a favor y en contra de la independencia de Cataluña.
Unos llevaban banderas de Cataluña y de la región belga de Flandes, gobernada por el partido nacionalista N-VA, del que son miembros el ministro belga del Interior, Jan Jambon, y el secretario de Estado para Asilo y Migración, Theo Francken, críticos de la respuesta de Madrid a la crisis catalana.
Otros, en menor número, gritaban “viva España”, mientras ondulaban banderas del país.
Tras cantar el himno catalán, los alcaldes independentistas desplegaron una pancarta pidiendo, en inglés, “libertad para los presos políticos”.
El grupo no ha sido recibido por las autoridades de la UE, que desde el principio se han puesto al lado del gobierno de Mariano Rajoy y defienden el “respecto del orden constitucional español”.
Para los gobernantes, lo más importante era hablar con la prensa extranjera, siguiendo la estrategia de Puigdemont de “internacionalizar” la causa catalana.
Esta tarde celebrarán un evento en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas (Bozar) titulado “Alcaldes catalanes en apoyo del Gobierno de Cataluña”, del que aún se desconoce si participará el expresidente de la Generalitat, cuyo paradero en Bruselas es mantenido en secreto.
Los alcaldes aseguran que la iniciativa está siendo financiada de sus propios bolsillos.
La justicia belga no ha impuesto a Puigdemont y a los cuatro exconsejeros que le acompañan en la capital belga ninguna restricción a la actividad política entre las condiciones de su libertad.
En paralelo, una delegación de empresarios catalanes promovió una conferencia en el Parlamento Europeo (PE) denunciando el impacto negativo del proceso independentista sobre la economía de Cataluña, región que responde por el 19 por ciento del producto interno bruto (PIB) de España.
Desde el referéndum del primero de octubre un total de mil 152 empresas desplazaron su sede social de la Comunidad Autonómica.
En el segundo trimestre, las inversiones directas en Cataluña disminuyeron un 10.2 por ciento, pese un aumento de 12.8 por ciento en España como un todo.
“La inestabilidad política supone una inestabilidad económica. Las consecuencias ya son visibles en las reservaciones de hoteles y restaurantes, en el consumo y en el desempleo, que ha tenido una importante alza en octubre”, afirmó Carlos Rivadulla, vicepresidente de la asociación Empresaris de Catalunya (Empresarios de Cataluña).
Los empresarios consideran el movimiento independentista “egoísta y estúpido desde el punto de vista económico”.
