La orden de detención y el pedido de un proceso de desafuero contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, provocó hoy una conmoción política en el país.
Mientras el oficialismo mantuvo silencio, desde la oposición denunciaron una persecución política y violaciones al Estado de derecho ante la decisión del juez Claudio Bonadio de pedir la prisión preventiva de la exmandataria, sin juicio ni condena de por medio.
Este jueves, Bonadio dio a conocer un fallo en el que pide la detención de Fernández de Kirchner al acusarla de “traición a la patria”, y encubrimiento agravado del ataque terrorista que sufrió en 1994 la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y que mató a 85 personas.
La orden de Bonadio se sustenta en la investigación que llevó a cabo el fiscal Alberto Nisman, quien fue encontrado muerto en su casa en enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado un supuesto pacto de Fernández de Kirchner con los iraníes implicados en el atentado.
Según Nisman, cuya muerte no se ha esclarecido, la entonces presidenta negoció con la República Islámica la impunidad de los iraníes acusados del peor ataque terrorista sufrido en el país, a cambio de acuerdos comerciales.
Múltiples instancias judiciales desestimaron la denuncia de Nisman por inconsistente y falta de pruebas, ya que el Memorándum Argentina-Irán fue aprobado por el Congreso y el canje de venta de granos por petróleo nunca se llevó a cabo.
Además, las “alertas rojas” de Interpol para detener a los iraníes implicados en el atentado jamás se levantaron, lo que, según Nisman, era un elemento central del supuesto pacto de impunidad.
Bonadio, un juez antikirchnerista que reactivó la causa apenas Fernández de Kirchner dejó el poder, fue acusado en 2010 por el propio Nisman de amenazarlo y querer obstaculizar la investigación de la causa AMIA.
Antes, en 2005, Bonadio ya había sido separado de la causa AMIA por la parcialidad de su actuación judicial, pero 12 años después, es quien procesa y ordena la detención de la expresidenta.
Para que la detención se lleve a cabo, Fernández de Kirchner primero debe ser sometida a un proceso de desafuero, ya que el próximo domingo comienza a ocupar la banca en el Senado que ganó en las pasadas elecciones legislativas.
Federico Pinedo, macrista y presidente del Senado, advirtió que “ante el pedido de desafuero por causa AMIA, corresponde estudiarlo con seriedad y fijar una posición no partidista, sino institucional”.
La legisladora izquierdista Myriam Bregman explicó que “el memorándum fue votado por el Congreso, no es una medida judiciable. Bonadio toma una decisión política, no jurídica”.
En el mismo sentido, el diputado Nicolás del Caño consideró que “el gobierno echa mano al aparato judicial adicto de los Bonadio. Mientras crece el rechazo al robo a los jubilados intentan disciplinar y cambiar la agenda mediática con medidas de persecución política a opositores”.
La agitada jornada política en Argentina desatada por el fallo de Bonadio comenzó esta madrugada con la detención de Carlos Zanini, uno de los funcionarios más importantes durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
A Zanini se sumaron los dirigentes sociales Luis D’Elía, detenido también en la madrugada, y Fernando Esteche, quien se entregó al mediodía.
El excanciller Héctor Timerman fue beneficiado con prisión domiciliaria, en tanto que a los exfuncionarios Oscar Parrilli y Angelina Abbona y el diputado Andrés «Cuervo» Larroque se les procesó sin prisión preventiva.
