El grupo parlamentario del oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK) se reunirá con el resto de bancadas del Congreso para intentar evitar que el pleno del Parlamento destituya el jueves 21 al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, anunció hoy el congresista Gilbert Violeta.
El legislador indicó a la agencia oficial Andina que tratarán de concienciar a los congresistas de la oposición, que son amplia mayoría, del daño que ocasionarían al país si aprueban la inhabilitación del mandatario.
Kuczynski afrontará el jueves 21 un proceso de destitución abierto por el Congreso por haber negado vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, empresa que esta semana reveló haber pagado más de 782 mil dólares entre 2004 y 2007 a la consultora Westfield Capital, propiedad del mandatario peruano.
En esa época, el presidente de Perú ejercía como ministro de Economía y luego como primer ministro del Gobierno del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006).
Violeta exhortó al resto de grupos parlamentarios del hemiciclo a «reflexionar con madurez y no sentenciar al presidente sin escuchar antes sus argumentos».
En los siguientes días, hasta el jueves, hay que conversar con todos. Tenemos que hacer un acto de humildad y explicar este tema con mayor detalle, con tranquilidad y convencer a los colegas con argumentos y pruebas en la mano», indicó Violeta.
Tanto Kuczynski como Odebrecht alegaron que los contratos son legales y fueron gestionados exclusivamente con el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quien administraba Westfield Capital mientras el actual presidente de Perú era ministro.
El Congreso, donde el fujimorismo tiene mayoría absoluta, abrió el proceso de destitución a Kuczynski por «incapacidad moral permanente» al considerar que «faltó a la verdad» cuando aseguró en repetidas ocasiones que nunca recibió nada de Odebrecht.
La figura de la incapacidad moral permanente está contemplada en la Constitución y permite inhabilitar al jefe de Estado por hechos extraordinarios que no necesariamente incurren en delitos, como sucedió en 2000, cuando el expresidente Alberto Fujimori renunció por fax desde Japón.
El caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, afecta a casi toda la primera plana política de Perú por los millonarios sobornos pagados por la constructora entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes contratos en obras públicas, además de financiar las campañas electorales de los principales candidatos.
Fruto de las investigaciones, los predecesores de Kuczynski también están inmersos en sospechas, como Toledo, con orden de captura por supuestamente recibir 20 millones de dólares en sobornos; Alan García, investigado por dádivas en el Metro de Lima; y Ollanta Humala, en la cárcel por presunta financiación irregular de sus campañas.
