No se pueden evadir las siete controversias constitucionales presentadas en contra de la Ley de Seguridad Interior “por más que sigan presumiendo en el gobierno federal que se trató de un “proceso legislativo normal”, declaró la senadora Dolores Padierna Luna.
Señaló que dicho ordenamiento pretende “legalizar” los excesos y despropósitos de la militarización de la seguridad pública y ya tiene seis recursos de anticonstitucionalidad presentados ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN), a pesar de la insistencia por hacer creer que no iba a ser impugnada.
Detalló que los promotores de estas acciones han sido los integrantes del Senado “que votamos en contra de esta ley y dimos una extensa batalla y un diálogo de sordos el 15 de diciembre pasado, además de los diputados federales que se opusieron”.
También presentaron recursos de este tipo ante el máximo tribunal del país el municipio de Cholula, Puebla, el partido Movimiento Ciudadano, el Congreso Nacional Ciudadano, y los órganos autónomos como la CNDH y el INAI.
La senadora del Partido del Trabajo (PT), explicó que no son iguales estas acciones de anticonstitucionalidad. Toda vez que cada una puso el acento en las consideraciones más importantes frente a una ley que sólo tiene 34 artículos, pero presenta violaciones en más del 80 % de éstos.
Dijo que la CNDH impugnó 19 artículos, más el tercero, cuarto y quinto transitorios, argumentando que la subordinación de las autoridades civiles frente a las militares, va en contra del artículo 21 constitucional. También afirmó en su recurso ante la Suprema Corte que los artículos impugnados vulneran el derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, ya que perpetúan la intervención de las Fuerzas Armadas.
El INAI presentó una amplia impugnación al artículo 9 porque el candado que se le interpuso al acceso a la información en materia de seguridad nacional viola el principio de máxima publicidad, establecida en el artículo 6 constitucional. El INAI también cuestiona el artículo 31 porque afecta su propia autonomía y la de otros organismos autónomos como la CNDH, el INE y el INEGI porque los obligaría a dar toda la información, incluyendo datos personales de los ciudadanos, cada vez que las fuerzas armadas lo requieran.
Organismos no gubernamentales como el Movimiento Ciudadano contra la Ley de Seguridad Interior impugnó toda la ley porque “creemos que pone en riesgo también cuestiones de procedimiento”. Se centraron, sobre todo, en los artículos que atentan contra el derecho a la libre reunión y a las manifestaciones político-electorales.
Resaltó que la acción de los 43 senadores del PT-Morena, PRD y algunos del PAN considera que esta ley viola 11 artículos constitucionales y octavo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
A su vez, los diputados federales del PAN, PRD y MC, así como de Morena presentaron una acción que impugna 28 de los 34 artículos porque contraponen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
