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La Jornada

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer este martes que dio entrada a la acción de inconstitucionalidad promovida por integrantes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF), contra un decreto que deja en manos de solamente tres de los integrantes de éste órgano legislativo el manejo y vigilancia de la aplicación de 14 mil 781 millones de pesos destinados a obras de reconstrucción en la capital del país.

En su recurso, un total de 22 legisladores de la bancada de Morena en la ALDF, solicitan a la SCJN que se declaren ilegales los artículos del Decreto de Egresos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, publicado el pasado 31 de diciembre.

En el Decreto se señala en el artículo 13 que “se asignan recursos por 7 mil 28 millones identificados con el Destino de Gasto 70 ‘Fortalecimiento de Acciones en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones, Entidades y Órganos Autónomos y de Gobierno’ (…), Previo al establecimiento de los compromisos para llevar a cabo las acciones con cargo a los recursos establecidos en las fracciones I, II y III del presente artículo, las Unidades Responsables del Gasto deberán contar con la aprobación del detalle de dichas acciones de la Presidencia y la Secretaría de la Comisión de Gobierno y del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; asimismo, deberán remitir copia de dicha aprobación a la Secretaría”.

En tanto que en el artículo 14 se señala que “se consideran 8 mil 772 millones de pesos para acciones de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México:

I. Derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, dentro de las erogaciones de este decreto se destinan 5 mil millones pesos para el Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, como se mandata en la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una cada vez más resiliente”.

El siguiente párrafo es cuestionado por los 22 legisladores de Morena, por establecer que “el Órgano Legislativo a través del Presidente y Secretario de la Comisión de Gobierno y del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública autorizará; supervisará; vigilará y propondrá el ejercicio de los recursos asignados en las fracciones I, II y IV del presente artículo”.

Y con ello se deja en manos de los diputados Mauricio Toledo, Leonel Luna y Jorge Romero, el manejo y supervisión de tales recursos.

Con la aceptación de la Corte, el máximo tribunal del país analizará si es legal o no que se tenga ese manejo de los recursos para reconstrucción.