La mayoría encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, está a punto de imponer una ley reglamentaria de la publicidad gubernamental.
Lo anterior, sin discusión a fondo y sin tomar en cuenta la opinión de las organizaciones que se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para obligar a los legisladores a legislar en la materia, advirtió el vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro, Jesús Zambrano.
El congresista indicó que si los señalados consideran que la norma que el PRI busca aprobar en “fast track” y a través de un “albazo” no cumple sus expectativas, la podrían impugnar.“Por supuesto que pretenden dar un albazo. Por supuesto que pretenden o pretendían un albazo. Ojalá y no, por lo menos lo que se expresó en la Junta de Coordinación debe ser atendido (…) No hay que descartar nada, porque ya nos conocemos. Dicen que entre gitanos no hay que buscar leerse las manos”, apuntó.
El proyecto propuesto por los priístas es una Ley General de Comunicación Social que entraría en vigor hasta 2019, de modo que no se trata de una ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución, como lo estableció la Suprema Corte, añadió.
“Debe tenerse en cuenta que, si se siguiera en este proceso y se dictaminara sin escuchar a los promoventes del amparo, la Corte está obligada a correrles traslado de lo que el Legislativo hubiere resuelto. Y el quejoso dirá si se siente satisfecho por este cumplimiento de la sentencia de la Corte o no. Es decir, tiene vicios brutales”, dijo.
Adelantó que si la mayoría que conforma el PRI busca avalar un “adefesio” que pretende dar cumplimiento a la sentencia de la Corte, el PRD manifestará su rechazo.
Al exigir que los demandantes y las organizaciones de la sociedad civil que reclamaron la omisión del Congreso sean escuchados, sentenció que los priístas buscan dejar en manos del Estado la potestad de definir las formas, reglamentos y manejos de la comunicación social que todos los organismos públicos, gobiernos locales y entes autónomos tienen derecho a manejar.
Zambrano Grijalva indicó que en la Junta de Coordinación Política, el PRD, el Partido acción Nacional (PAN) e incluso el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pidieron no aprobar ningún dictamen hasta que las demás voces sean escuchadas y se garantice que la decisión dará cumplimiento cabal a la sentencia del Alto Tribunal.
