La Corte Suprema de Brasil, cuya decisión de negar el habeas corpus desembocó en la encarcelación de Luiz Inacio Lula da Silva el sábado, probablemente debatirá esta semana si es constitucional privar de libertad a condenados en segunda instancia, decisión que podría beneficiar al expresidente.
La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lucia, criticada por la izquierda, rechazó hasta ahora que el plenario de la corte analice las llamadas “acciones directas de constitucionalidad” sobre la compatibilidad con la Carta Magna de la encarcelación de condenados en segunda instancia, como Lula da Silva.
Ello porque la Constitución brasileña de 1988 establece en su artículo 5, inciso LVII, que “nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juicio de sentencia penal condenatoria”.
Así, algunos analistas y juristas estiman que el artículo es incompatible con el encarcelamiento de condenados en segunda instancia, pues aún quedan dos estamentos jurídicos para presentar recurso y, por lo tanto, el caso no está concluido.
Esta jurisprudencia prevaleció en Brasil hasta 2016, cuando fue reinterpretada por el STF en pleno auge de la Operación Lava Jato, que afectó a decenas de poderosas figuras políticas y empresariales.
Aunque la presidenta del STF rechazó hasta este día debatir esta cuestión con el objetivo de no favorecer a políticos condenados, otro magistrado del Supremo, Marco Aurelio Mello, que es juez relator de una petición al respecto, indicó que podría invocar su discusión en la sesión de este miércoles.
Ello significa que si la mayoría de los 11 jueces aceptan discutirla y estiman que es inconstitucional encarcelar a condenados en segunda instancia, Lula da Silva podría salir de prisión en días o semanas.
Muy criticado por decisiones controvertidas, el Supremo brasileño ya mostró una profunda división en el “caso Lula” la semana pasada: seis votos fueron en contra de conceder el habeas corpus para librar al exmandatario de la cárcel y cinco a favor.
En paralelo, algunos partidos de izquierda y el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva se movilizan en la ciudad de Curitiba –bastión de la Lava Jato y ciudad donde está el expresidente encarcelado- para aumentar la presión popular por una prisión que consideran injusta y con objetivo de privarle de las elecciones de octubre.
El Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), organización campesina de corte comunista, envió a cientos de sus seguidores que montaron un campamento en Curitiba, adonde mañana llegarán algunos gobernadores de estados del noreste de Brasil (feudo electoral de la izquierda) para visitar a Lula da Silva.
También se rumora con la visita de presidentes latinoamericanos en las próximas semanas, mientras Naciones Unidas analiza la causa presentada por sus abogados en el comité de derechos humanos.
Lula da Silva se entregó el sábado a la policía brasileña y fue encarcelado en Curitiba en una mediatizada operación cuyas consecuencias para las elecciones de octubre son aún inciertas, pues el expresidente lidera todas las encuestas de opinión con cerca de un tercio de los votantes.
