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Notimex

Al menos tres aerolíneas de Estados Unidos anunciaron hoy su decisión de no transportar al interior del país a más niños que sean separados de sus padres al cruzar la frontera sin documentos, en desafío a una política del presidente Donald Trump.

En sendos comunicados, las empresas American, United y Frontier Airlines expresaron que ya no transportarán a más menores separados de sus familias, una práctica común desde que hace seis semanas comenzó a aplicarse la política conocida como “tolerancia cero” a migrantes indocumentados.

El transporte de estos menores es rutinario, debido a que pese a que los arrestos de migrantes se producen en las áreas fronterizas, los niños separados de sus familias son llevados a albergues que a menudo se encuentran a cientos de kilómetros de la frontera sur.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó este miércoles que tan sólo en la ciudad de Nueva York se encuentran detenidos al menos 239 niños migrantes que han sido separados de sus padres luego de cruzar la frontera con México.

American Airlines solicitó al gobierno federal de Estados Unidos que “se abstenga inmediatamente de usar American con el propósito de transportar niños que han sido separados de sus familias debido a la política de inmigración actual”.

Por su parte, United Airlines señaló: “nos hemos puesto en contacto con funcionarios federales para informarles que no deben transportar niños inmigrantes que han sido separados de sus padres en aeronaves de United (…) No queremos ser parte de eso».

De igual forma, Frontier Airlines manifestó: “no permitiremos (…) que nuestros vuelos se utilicen para transportar a los niños migrantes lejos de sus familias”.

De acuerdo con el canal de televisión NBC, un vocero del Departamento de Seguridad Interna (DHS) lamentó la decisión de las aerolíneas y las acusó de “ceder a una narrativa falsa creada por los medios de información”.

Hasta el momento, más de dos mil 300 menores de edad han sido separados de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos, en una medida que grupos civiles califican como “tortura”.