El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, encarcelado desde abril pasado, pidió a la Corte Suprema que le conceda la libertad o, al menos, la prisión domiciliar, en un recurso que será analizado durante una crucial sesión judicial que se realizará la semana próxima.
Los abogados del exmandatario alegan que hubo parcialidad en el juicio que condenó a Lula da Silva, y argumentan que su puesta en libertad hasta que el caso tenga una sentencia en firme “no causará ningún daño” a la sociedad.
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Por ello, piden que se suspenda preventivamente la ejecución de la pena de 12 años de prisión, lo que provocaría su salida de la cárcel.
Lula da Silva está encarcelado desde el 7 de abril pasado, tras ser condenado a 12 años y un mes por corrupción y lavado de dinero, sin embargo el exmandatario lidera todas las encuestas de intención del voto para las elecciones presidenciales de octubre.
Los abogados del politico brasileño también presentaron otro pedido para que los jueces de la Corte Suprema valoren, al menos, la posibilidad de la prisión domiciliar o el uso de medidas cautelares como una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos.
La máxima instancia judicial de Brasil analizará el martes próximo los recursos en una crucial sesión en la que, de nuevo, el país sudamericano seguirá en directo el destino de su exmandatario.
Lula da Silva está encarcelado en una celda de la sede de la policía federal en Curitiba, ciudad al sur de Brasil, tras ser hallado culpable por un tribunal de segunda instancia.
El exmandatario alega que es inocente y atribuye a las instancias judiciales de la Operación Lava Jato de querer excluirle de las elecciones de octubre próximo por medio de una condena judicial.
Su excarcelación o incluso la prisión domiciliar podrían tener un impacto en las elecciones de octubre, en las que parte como gran favorito con cerca de un 30 por ciento de los votos, pero con la amenaza de ser inhabilitado por los problemas con la Justicia.
Presidente de Brasil por dos mandatos (2003-2010), Lula da Silva fue condenado por beneficiarse de un departamento de tres plantas en la localidad costera de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favores políticos a la constructora OAS, mientras tiene media docena de casos pendientes.
