De acuerdo a las más recientes encuestas, 80% de los mexicanos quiere un cambio en el gobierno, 80% no quiere votar por el PRI y 80% rechaza la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. Los datos arrojan con mucha claridad que el PRI ya no es opción para la gran mayoría de la población.
Los mexicanos quieren que cambie el partido que tome la Presidencia y también exigen un nuevo rumbo en el camino que el país debe seguir. En esta contienda electoral se han propuesto dos proyectos de cambio: el de Andrés Manuel López Obrador (Morena-PT-PES) y el de Ricardo Anaya Cortés (PAN-PRD-MC.
El 1 de julio, faltan siete días, los electores van a decidir por uno de esos proyectos. No hay más. Uno de los dos va a ganar. La concepción y el tipo de cambio que propone López Obrador y Anaya Cortés son muy diferentes e incluso contradictorios. El del primero representa volver al pasado y el del segundo caminar hacia el futuro.
En el proyecto de cambio de López Obrador hay dos elementos centrales. Uno es volver al viejo presidencialismo.
A los tiempos en los que el presidente lo era todo. No sólo encabezaba el Poder Ejecutivo sino también era el titular, por la vía de los hechos, del Poder Legislativo y el Poder Judicial. En su visión, el país requiere ese tipo de presidente. Uno que no tenga contrapesos y pueda decidirlo todo por sí mismo.
El otro elemento es volver a los tiempos en los que el gobierno era el centro de la economía. A lo largo de la campaña, López Obrador ha sostenido que en el pasado la economía del país funcionaba mejor. Su modelo es el nacionalismo revolucionario que en otros tiempos planteaba el PRI. Él es hijo de esa tradición. Se sintetiza en que el Estado, para el caso: el presidente, asume la rectoría de la economía.
A su vez en el proyecto de cambio de Anaya Cortés hay dos elementos centrales. Uno es instaurar el gobierno de coalición, que implica acotar el poder presidencial. Dejar atrás y para siempre los tiempos en los que el presidente lo era todo. El Poder Legislativo y el Poder Judicial se fortalecen y asumen nuevos papeles. En su visión, el país requiere de una Presidencia sujeta al límite y contrapeso de los poderes que constituyen el Estado.
El otro elemento es acelerar el proceso de transformación de la economía, para que el país se inscriba de manera ventajosa en las nuevas posibilidades que ofrece el siglo XXI. Implica, entre otras cosas, impulsar el desarrollo de la economía del conocimiento. Dar mayor velocidad al proceso de transición al uso de las energías limpias. Y también apostar por el desarrollo de la ciencia, la tecnología y una educación de calidad. Se resume en que el gobierno junto con el sector privado y social impulsan, cada quien en el espacio que le corresponde, el desarrollo de la economía.
Twitter: @RubenAguilar