Los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, a través de la diputada Luisa Ángela Soto Maldonado, presentaron la iniciativa que reforma diversas disposiciones a la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz con la finalidad de prevenir la pérdida y mal uso de alimentos en buen estado, fomentar la participación en la producción y transporte altruista en beneficio de la población en situación de pobreza alimentaria.
En la novena sesión ordinaria, del Segundo Año de labores, la diputada planteó esta modificación para incluir en la ley la figura de “donante”, siendo éstas las cadenas comerciales, empresas comercializadoras y toda persona física o moral que se dedique a la producción, transporte, almacenaje y comercialización de alimentos, en los sectores primario, secundario o terciario de la economía, que donen alimentos comestibles no utilizados y en buen estado.
Estarían catalogados como donatarios los bancos de alimentos, las casas de asistencia social para grupos vulnerables, los comedores comunitarios sin fines de lucro y toda asociación civil -legamente constituida- que de manera altruista, recoja, transporte, almacene y distribuya alimentos a personas en situación de pobreza alimentaria.
De esta manera la “redistribución de alimentos” sería la entrega de forma segura, gratuita y altruista, por parte de los donantes a los donatarios y de éstos, a su vez, a personas en situación de pobreza alimentaria, del alimento no utilizado, comestible, en buen estado y susceptible de consumo humano, cuya venta, almacenaje o transportación no sea posible por causas diversas.
Con la finalidad de prevenir la pérdida y el desaprovechamiento de alimentos en buen estado la Secretaría de Medio Ambiente del estado (SEDEMA), fomentará la participación de los sectores privado y social en la redistribución de alimentos a personas en situación de pobreza alimentaria.
La propuesta legislativa señala que bajo ningún supuesto los donantes o donatarios podrán vender o condicionar la entrega de los alimentos a las personas en situación de pobreza alimentaria.
La SEDEMA podrá promover el otorgamiento de estímulos e incentivos a los donantes y donatarios que participen en la redistribución de alimentos.
En tribuna, la diputada Soto Maldonado enfatizó que en México, gracias a la participación social y a políticas de incentivos fiscales que propician la donación de alimentos, se ha desarrollado una amplia red de organizaciones altruistas, que son el vehículo natural en materia de redistribución del alimento en buen estado a los grupos vulnerables.
Refirió que una de las más importantes es la Asociación de Bancos de Alimentos, A.C., conformada por cerca de 60 bancos en diversas regiones, que anualmente benefician a más de 1.3 millones de mexicanos en pobreza alimentaria.
