La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantendrá coordinación permanente con la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de cerciorarse que las 17 denuncias penales presentadas por los delitos cometidos al amparo del poder público, en el caso de la llamada «Estafa Maestra» y que implican el uso ilícito de al menos tres mil millones de pesos, tengan consecuencias.
Al presentar ante medios de comunicación un balance sobre los primeros informes individuales resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2017, el auditor David Colmenares refrendó que los procesos sancionatorios de la Estafa involucran hasta el momento a 72 personas, pero el número podría ampliarse, porque el seguimiento al caso sigue.
«Como titular de esta institución deseo manifestar mi compromiso para que esas denuncias penales, más las que estaremos presentando en un futuro sobre este tema, contribuyan a que quienes efectivamente cometieron irregularidades rindan cuentas o paguen lo que tengan que pagar», remarcó.
«Los once procedimientos involucraron un monto superior a mil millones de pesos y se relacionan con 72 presuntos responsables, de los cuales 63 son personas físicas y nueve son personas morales. La Auditoría se coordina permanentemente con la PGR respecto a las 17 denuncias penales que se han presentado sobre el tema y que involucran un monto de tres mil 37 millones de pesos y que actualmente se encuentran en etapa de integración», insistió.
Víctor Andrade, Director Jurídico de la ASF agregó que las 17 denuncias penales sobre la «Estafa» se sustentan en los hechos irregulares detectados durante la fiscalización 2013, 2014 y 2015.
Destacó que el Ministerio Público será el encargado de establecer quiénes son los responsables, lo anterior, al ser consultado respecto a entre estos figura la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles.
Afirmó que entre los 11 procedimientos sancionatorios iniciados por el caso y que corresponden a la fiscalización 2013, donde todo el proceso fiscalizador y de respuesta de los entes observados ya terminó, no se encuentra la secretaria Robles Berlanga.
Dado que las observaciones hechas por la ASF a la Cuenta Pública 2013 no se solventaron ni aclararon, se activaron los procedimientos para fincar «responsabilidad resarcitoria» a personal de Sedesol.
Para ello, los 72 involucrados serán citados, a fin de establecer si se cometió daño patrimonial y quiénes fueron responsables de contratar de manera irregular a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de México.
En tanto, el titular del organismo añadió que en la fiscalización a la Cuenta Pública 2018, se pondrá especial atención al gasto en programas sociales y publicidad oficial en el marco de las elecciones; al gasto en la reconstrucción por los sismos; así como al uso irregular y desvío de recursos a través de las contrataciones entre entes públicos, al amparo de la Ley de
Adquisiciones y Obras Públicas, y que ha sido identificado como la «Estafa Maestra».
El auditor Colmenares Páramo añadió que también tiene el compromiso de mejorar los resultados del órgano fiscalizador, a fin de que las denuncias penales presentadas sean efectivas, sus observaciones solventadas y sus recomendaciones cumplidas. De lo contrario, se declaró dispuesto a «dedicarse a otra cosa».
Agregó que para ello, la Auditoría mantendrá énfasis en los procedimientos y acciones para recuperar recursos que las dependencias y organismos públicos y cualquier otra instancia que tenga acceso al presupuesto, hayan utilizado de manera irregular.
