Los fiscales generales de 19 estados de EU demandaron hoy ante los tribunales poner fin a la política federal que busca impedir a las inmigrantes menores detenidas acceder a abortos.
El futuro de esa política, frenada este año por la Justicia, está actualmente en manos de una corte de apelaciones de Washington, tras un recurso del Gobierno de Donald Trump.
En un escrito, los 19 fiscales generales solicitaron a la corte que confirme el fallo anterior al considerar que las prácticas del Ejecutivo violan los derechos de los estados y de las mujeres.
“Todas las mujeres tienen un derecho constitucionalmente protegido para acceder a servicios de aborto seguros y efectivos, incluidas las menores no acompañadas”, dijo en un comunicado Barbara D. Underwood, la fiscal general de Nueva York, que lideró la acción.
Underwood recordó que muchas de esas jóvenes han huido de la violencia y algunas están embarazadas como resultado de una violación.
“La administración de Trump simplemente no tiene la autoridad para imponer sus puntos de vista personales sobre estas mujeres jóvenes al exigirles mantener embarazos en contra de su voluntad”, opinó.
Su postura y la de los otros 18 fiscales está reflejada en un “amicus curiae”, un documento que permite a actores ajenos a un proceso apoyar una causa con razonamientos jurídicos.
El escrito se opone a un recurso presentado en Washington por la Oficina para el Reasentamiento de Refugiados (ORR), que es la agencia responsable de la custodia de menores inmigrantes no acompañados.
La ORR adoptó en marzo de 2017 una política según la cual su director, Scott Lloyd, debe revisar personalmente las solicitudes de aborto de cada menor, aunque ésta cumpla con todos los requisitos para acceder a él.
Según los fiscales, en la práctica eso supuso un veto a los abortos, pues Lloyd rechazó todas las solicitudes que le llegaron, incluso en casos en que la menor estaba embarazada fruto de una violación en su país de origen.
Esa nueva política salió a la luz el pasado octubre, cuando una menor de 17 años a la que se había impedido abortar llevó el caso ante la Justicia.
Identificada como “Jane Doe” para proteger su identidad, la joven consiguió una orden temporal contra la ORR para poder tener un aborto, en un caso que generó una gran atención en el país.
Tras él, otras jóvenes inmigrantes detenidas iniciaron procedimientos similares y en marzo un tribunal federal emitió una orden preliminar para impedir de forma general a la ORR bloquear el acceso a los abortos.
Esa decisión fue contestada por el Gobierno en un tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia.
Durante el caso, el Gobierno defendió que no está imponiendo obstrucciones al aborto, sino que únicamente opta por no facilitarlo.
