La ex presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) llegó hoy a los tribunales de Buenos Aires para declarar en una causa en la que se investigan presuntos delitos de lavado de dinero relacionados con la concesión de obra pública durante su mandato, conocida como la “Ruta del Dinero K (Kirchner)”.
La actual senadora, que cuenta con fueros parlamentarios que evitan su detención, llegó en automóvil a los juzgados de Comodoro Py a las 10.35 hora local (13.35 GMT), procedente del apartamento de su hija Florencia, donde vive desde que a finales de agosto realizaron registros judiciales en sus casas y decidió no volver a ellas hasta asegurarse de que no se colocó tecnología de espionaje.
A las puertas de la sede judicial esperaba, como es habitual, un grupo de varios militantes kirchneristas, que acudieron en señal de apoyo a la ex presidenta.
Fernández fue citada para este martes el pasado 4 de septiembre por el magistrado Sebastián Casanello, quien durante dos años declinó llamarla a declarar pero fue finalmente instado a hacerlo por una Cámara superior.
Si bien por este caso, en el que hay una veintena de personas imputadas y mantiene en prisión al empresario de la obra pública Lázaro Báez, la ex presidenta ya fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuan en 2016, hasta ahora no había avanzado la investigación contra ella, ya que el juez no lo consideraba oportuno.
Casanello investiga delitos de lavado de activos cometidos supuestamente entre 2010 y 2013 mediante una red que montó una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitió el blanqueo de al menos 60 millones de dólares.
Esta citación a Fernández se da un día después de haber recibido su sexto procesamiento judicial, en una causa por presuntos sobornos de empresarios durante su Presidencia en la que el juez Claudio Bonadio pidió también su detención.
No obstante, el próximo febrero la viuda del también ex mandatario Néstor Kirchner (2003-2007), que niega todos los cargos de los que se le acusa y se declara víctima de una persecución judicial, enfrentará en febrero próximo su primer juicio oral, por presuntamente haber encabezado una asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública.
En la “ruta del dinero K”, la Justicia remarca la figura de Báez -estrecho colaborador de Kirchner-, acusado de blanquear millonarias sumas de dinero provenientes de obra pública en la provincia sureña de Santa Cruz, que fue adjudicada a sus empresas de construcción.
El empresario, dueño del grupo Austral, es acusado de haber brindado el “entramado societario” para captar fondos públicos y “vehiculizarlos” parcialmente a las manos “de quienes entonces eran funcionarios públicos”, en referencia a la exmandataria y otros altos cargos.
Asimismo, se sospecha que sacó esos fondos del país para posteriormente reintroducirlos a manera de ocultar su origen.
El caso se inició en 2013, aunque cobró fuerte protagonismo en marzo de 2016, cuando un canal de televisión difundió imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de una financiera en Buenos Aires, conocida como “La Rosadita”.
Esto derivó en la orden de detener al empresario, quien fue procesado poco después junto a su hijo y los otros presuntos implicados en la trama.
