La lista de posibles perdedores tras la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, anunciada el lunes por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, inicia con Carlos Slim, el hombre más rico de México, y continúa con empresas, inversionistas, aerolíneas y pasajeros.
El proyecto de 13 mil millones de dólares fue cancelado por López Obrador, después de que la opción más votada en la consulta ciudadana organizada la semana pasada eligiera, con un 69.9 por ciento de los votos, la opción de Santa Lucía.
Tras la conferencia de prensa en su casa de transición, los mercados reaccionaron a la baja: la Bolsa Mexicana de Valores perdió más de mil 900 puntos, mientras que el peso se depreció 3.25 por ciento.
Entre los grandes perdedores por el anuncio está el multimillonario Carlos Slim, quien posee la mayor parte de los mil 600 millones de dólares en Fibra E –un híbrido entre una sociedad limitada maestra y un fideicomiso de inversión en infraestructura y bienes raíces–, emitidos por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).
La cancelación también deja 6 mil millones de dólares en bonos ‘en el aire’, así como dificultades operativas para las aerolíneas y riesgos más amplios para el mercado y el país.
Muchos inversionistas ahora están preocupados de que López Obrador tome decisiones similares sobre contratos petroleros o proyectos mineros.
«El enfoque amistoso inicial hacia los mercados y el sector privado ahora está siendo cuestionado más firmemente», señaló Jorge Mariscal, director de inversiones de mercados emergentes de UBS Global Wealth Management.
“Inyecta mucha más incertidumbre al panorama mexicano», dijo en entrevista desde Nueva York.
Éstas son las principales partes afectadas por la cancelación de la terminal aérea en Texcoco:
Carlos Slim
El GACM recaudó mil 600 millones de dólares a través de la oferta pública inicial del Fibra E, la mayor parte de la cual fue adquirida por Inbursa, el fondo de pensiones de Slim.
Mientras que la Fibra E es un contrato complejo y liquidarlo no tiene precedentes, el prospecto inicial dice que, en caso de cancelación, los titulares recibirán ingresos del aeropuerto existente a partir de enero, al menos dos años antes de que hubieran comenzado los pagos del nuevo aeropuerto.
La constructora de Slim también está muy involucrada en el proyecto.
Grupo Carso, propiedad del magnate, se asoció con Empresas ICA y otros para construir la terminal diseñada por el renombrado arquitecto británico Norman Foster, en un contrato cuyo valor es cercano a los 4 mil millones de dólares.
Carso también construye una de las pistas, con un costo estimado de alrededor de 400 millones de dólares cuando se adjudicó el contrato.
Tenedores de bonos del aeropuerto
Si bien López Obrador ha dicho que no pedirá un recorte a los tenedores de bonos, se desconoce que ocurrirá exactamente.
El próximo Gobierno ha dicho que existen fondos para proteger las inversiones, y que sostendrá negociaciones con inversionistas para llegar a un resultado satisfactorio para todas las partes, pero muchos de ellos son escépticos .
«Habrá que hacer aclaraciones sobre los métodos, el proceso», explicó Michael Roche, estratega de renta fija de Seaport Global Holdings en Nueva York.
«Dado que el Gobierno mexicano está en ambos lados, como inversionista de capital y autoridad de Gobierno que retira la concesión, ¿quién supervisará el proceso? «, apuntó.
Aerolíneas y operadores aeroportuarios
Los operadores aeroportuarios OMA, Asur y GAP, que operan casi todos los demás aeropuertos comerciales en México, buscaban un nuevo centro aeroportuario para la industria.
OMA cayó hasta 6.9 por ciento el lunes, la mayor pérdida desde abril de 2013,mientras que Asur y GAP sufrieron sus mayores retrocesos en tres meses y siete meses, respectivamente.
Por otra parte, las aerolíneas mexicanas Aeroméxico, Volaris e Interjet habían subrayado la necesidad de continuar con la construcción del nuevo aeropuerto, reclamando que la actual terminal aérea está saturada, lo que evita que puedan agregar más vuelos y frecuencias.
Inversionistas mexicanos
Para los inversionistas en activos mexicanos, cancelar el aeropuerto en Texcoco puede representar la primera prueba de mercado real para López Obrador, una que, a sus ojos, simplemente falló.
Muchos advierten que la cancelación establece un precedente peligroso, y que la debilidad en los activos financieros después del anuncio puede persistir.
Los analistas de JPMorgan rebajaron sus expectativas para el crecimiento del Producto Interno Bruto de México para 2019, que pasó de 2.4 a 1.9 por ciento.
«Esperamos que el PIB del próximo año se vea afectado por una debilitada confianza empresarial y otros efectos secundarios de la incertidumbre política», escribieron los analistas.
Comunidad empresarial en México
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que el desarrollo económico y la infraestructura son problemas complejos que no deberían ser sometidos a consultas ciudadanas.
Determinar el futuro de proyectos con base en estos ejercicios puede perjudicar proyectos de inversión del sector privado en el futuro, e incluso puede afectar el financiamiento de parte de los proyectos de infraestructura del propio López Obrador, como el propuesto Tren Maya, según Jorge Mariscal de UBS.
Los viajeros que vienen o se van del país
Uno de las mayores consecuencias del anuncio hecho el lunes tiene que ver con la viabilidad de México para convertirse en un centro aeroportuario regional.
Sólo en 2017, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibió a casi 45 millones de pasajeros, cuando su capacidad real es de 10 millones menos.
El estrés en el aeropuerto ha provocado retrasos y dificulta a las aerolíneas aumentar los vuelos.
El plan de López Obrador de agregar pistas en la Base Militar de Santa Lucía se puede topar con obstáculos.
Federico Patiño, jefe del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, quien supervisa la construcción de las instalaciones de Texcoco, explicó que el trabajo continuará bajo los términos actuales al menos hasta el 30 de noviembre.
El directivo señaló que aún no cuenta con información sobre si los contratistas actuales podrían mudarse a Santa Lucía.
