El miércoles pasado, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el Plan Nacional de Paz y Seguridad (2018-2024) con el que se propone combatir al crimen y abatir los actuales niveles de violencia.
A lo largo de su campaña siempre dijo que al asumir la Presidencia regresaría a las Fuerza Armadas a sus cuarteles. La propuesta va en sentido contrario a lo que había comprometido.
López Obrador no cambia, sino que radicaliza la estrategia que siguieron los presidentes Calderón y Peña Nieto en el uso de las Fuerzas Armadas.
Renuncia al fortalecimiento de las policías, a las que califica de “falta de profesionalismo e integridad”, y opta por la militarización del país.
En su versión, ante la situación, no había otra opción y así toma la decisión de apoyar su estrategia en las Fuerzas Armadas. Él asume el mando.
Para eso se crea la Guardia Nacional que va a operar bajo mando militar en 266 coordinaciones regionales. Su formación y entrenamiento queda a cargo de la Secretaría de la Defensa (Sedena).
La Guardia Nacional, integrada a la Sedena, se forma con soldados, marinos, policías federales y el reclutamiento de 50,000 nuevos efectivos. En el 2021 esta agrupación deberá tener 150,000 efectivos.
La propuesta implica la centralización de la toma de decisiones en el presidente y la pérdida de capacidad de las mismas por parte de los gobernadores y los presidentes municipales.
Para operar la nueva estrategia militar son necesarios cambios no menores a la Constitución y también a otras leyes y disposiciones. El próximo martes, López Orador envía sus propuestas al Congreso.
De aprobarse éstas, se dará un paso firme en el proceso de militarización del país. La seguridad pública ya no estará en manos de las policías sino de las Fuerzas Armadas.
El plan de López Obrador camina en sentido contrario a la posición de los ministros de la Suprema Corte de Justicia con relación a la Ley de Seguridad Interior.
La reacción de todos los especialistas en seguridad pública y de la defensa de los derechos humanos ha sido en contra del plan. Se oponen de manera tajante a la militarización.
Advierten de los enormes peligros que ésta va a traer al país en muchos espacios de la vida pública. Advierten también que la intervención de las Fuerzas Armadas eleva siempre el número de las víctimas.
Los especialistas en el tema de la seguridad coinciden también en que la propuesta es voluntarista, demagógica y se basa en un pensamiento de carácter mágico y no científico y técnico.
En México y en el mundo no hay ninguna evidencia de que la militarización resuelva el problema de la violencia criminal. Sí hay abundante información que prueba lo contrario.
Los narcotraficantes, a la declaratoria de guerra del presidente Calderón, reaccionaron con la creación de “ejércitos” que antes no tenían. Ahora van a multiplicar su capacidad de fuego. La aplicación del plan va a traer más violencia y muertes.
raguilar@nulleleconomista.com.mx
El Economista