Ley de Seguridad Interior (LSI) ha sido declarada inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego que la mayoría de los minstros así lo han manifestado.
La Corte resolvió hoy, con nueve votos a favor y uno en contra, declarar inconstitucional la Ley que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.
A excepción del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien presentó el proyecto de sentencia que declara constitucional esta normatividad, el resto de sus compañeros en el Pleno se manifestaron en contra de esta legislación.
Se pronunciaron por la inconstitucionalidad total de la Ley de Seguridad Interior los ministros Eduardo Medina Mora, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Norma Piña, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez, José Fernando Franco, y Luis María Aguilar.
Aguilar Morales, ministro presidente del máximo tribunal del país, destacó la labor de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, pero indicó que esto debe ser temporal y en ningún momento debe normalizarse.
En la sesión pública del pasado martes, los ministros Eduardo Medina, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Norma Piña, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez también se pronunciaron por la inconstitucionalidad total de la ley.
Aun cuando no se ha llevado a cabo la votación de esta normatividad, la mayoría de los ministros que conforman el Pleno del Alto Tribunal ya fijaron su postura en contra.
El único ministro que se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad de esta Ley es Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien fue quien elaboró el proyecto de sentencia que fue presentado al colegiado y que es el que continúa en discusión en la sesión de este jueves.
Las acciones de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 16/2018 y 21/2018, fueron promovidas por diputados federales y senadores.
Asimismo, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el partido Movimiento Ciudadano (MC), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro.
Del mismo modo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, todos los cuales demandaron la invalidez del Decreto por el que se aprueba la Ley de Seguridad Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.
