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La Razón

El gobernador de Morelos, Cuauhtémos Blanco, presentó este miécoles una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exmandatario de la entidad, Graco Ramírez, por presuntos delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Ejecutivo estatal aseguró que exhibió pruebas que presuntamente acreditan que Ramírez Garrido Abreu, sus familiares y gente cercana a su gobierno desviaron recursos de la entidad.

A la salida de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR, Blanco Bravo apuntó: “Morelos está así por el exgobernador, dejó en quiebra al estado”, y explicó que asumirá las consecuencias que surjan por esta denuncia.

Dijo que esta querella la presentó no por cumplir con una promesa de campaña sino porque está convencido de acabar con la corrupción, pues “la gente está cansada de lo mismo y no lo voy a permitir más”.

“Voy a recibir amenazas y ataques, pero aquí estoy”, afirmó el gobernador al subrayar que no teme por su seguridad.

El consejero jurídico del gobierno de Morelos, Samuel Sotelo, precisó que la denuncia se presentó por probables delitos federales, pues se presume que las pruebas aportadas están en ese ámbito de competencia.

Indicó que se habría utilizado la compra-venta de dos inmuebles en Cuernavaca, Morelos, para triangular recursos, lo que podría configurar el delito de lavado de dinero.

Gerardo Becerra Chávez, asesor anticorrupción de gobierno de la entidad, expuso que esta denuncia es la primera de una serie que se presentará tanto en el ámbito federal como local en los próximos días, en contra del ex gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, algunos de sus familiares y exfuncionarios de su administración.

Detalló que presuntamente existe un desvío de recursos públicos por cerca de 22 millones de pesos, ilícito en el que presuntamente están involucrados, además del exgobernador Ramírez Garrido Abreu, su esposa Elena Cepeda de León, su hijastro Manuel Rodrigo Gayoso Cepeda, y el notario público Alberto Javier Barona Levy.