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Excélsior / Ernesto Méndez

A casi un año de que aparecieran los dos primeros manatíes muertos en Tabasco, el 18 de mayo de 2018, continúa la crisis por la contaminación en ríos y canales de los municipios de Centla, Macuspana y Jonuta, donde las enfermedades gastrointestinales y lesiones en la piel, atacan principalmente a la población infantil.

En lo que va del año, se tiene el registro de al menos ocho manatíes que murieron, cuatro en Centla (1 en San Juanito, 1 en Cañaveralito, 1 en Tasajera, 1 en Chilapa), uno más en Balancán y tres en Macuspana, en la zona de los Bitzales y Juan César Becerra, sin que exista un reporte oficial por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El último conteo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que aparece en la página de Internet de Atención a la Contingencia, y que data del 26 de octubre de 2018, establece que la cifra de ejemplares muertos era de 48.

En entrevista con Excélsior, Joaquín Madrigal, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras “El Faro”, en el municipio de Centla, lamentó que la titular de la Semarnat, Josefa González Blanco no atienda el llamado para que acuda a las comunidades y emprenda acciones contundentes y poner fin a la contaminación que prevalece en la zona, donde hay decenas de pozos de petróleo y gas natural abandonados por Pemex.

El también activista señaló que González Blanco anunció un Programa de Ríos Limpios, que desconocen los propios afectados, porque nadie les ha informado en qué consiste, ni se ha visto nada concreto en las localidades.

Advirtió que la situación se podría agravar en los próximos meses, ya que se espera una fuerte sequía, que generaría la propagación de algas tóxicas, que supuestamente son uno de los factores que genera la mortandad de manatíes y peces.

Destacó que la pasada administración federal intentó dar carpetazo al asunto al concluir que las causas de este problema ambiental y de salud pública es multifactorial, sin señalar responsables, ni ofrecer un verdadero sustento científico, ya que se manejó que pudo ser el florecimiento de cianofíceas (algas tóxicas), presencia de metales pesados o altas concentraciones de fertilizantes.

Joaquín Madrigal recordó que, en noviembre, la ahora titular de la Semarnat acudió a Tabasco “a tomarse la foto y manifestar su preocupación por la mortandad de manatíes”, lo que la llevó a prometer que una vez que asumiera el cargo, el 1 de diciembre, regresaría para resolver la problemática y es la fecha que no actúa en consecuencia.

“Vino a alborotar nada más, se le podría decir, pero en realidad no ha venido a trabajar, a ayudarnos como es su responsabilidad”, indicó.

Agregó que Josefa González Blanco no ha reactivado ni siquiera el grupo de especialistas creado el año pasado con el fin de atender la emergencia, para que por lo menos se puedan tomar nuevas muestras de agua, sedimento y biota, con el fin de conocer las verdaderas causas de la contaminación en la región.

“Yo sería de la idea que realmente se tomaran acciones contundentes y la primera sería quitar a la señora Josefa González Blanco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que llegue alguien que realmente tenga el compromiso de servir al pueblo, como lo tiene el señor presidente; ella está protegieno intereses, quizá de otra gente, y por lo mismo no está actuando en Tabasco”, manifestó.

El dirigente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras “El Faro”, agregó que no funciona ninguna de las plantas potabilizadoras prometidas a las comunidades, y la población sigue utilizando el agua de los canales para las labores domésticas, bañarse y lavar trastes, lo que afecta a la salud de niños que presentan enfermedades de la piel y gastrointestinales.

Subrayó que las brigadas de salud sólo llegan cuando muere un manatí y después desaparecen.

 

Explicó que, a finales de 2018, se aplicaron dos millones de pesos como parte de un programa de empleo temporal en los Bitzales, en el municipio de Macuspana, pero quedaron fuera las familias de Jonuta y Centla, quienes también tienen un año sin poder pescar en los ríos y canales, porque el pejelagarto, la carpa, los robalos y los agujones, nadie los compra por miedo a la contaminación.