El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no alcanzó la mayoría de ocho votos para declarar la invalidez de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos por vicios en el proceso legislativo.
En su proyecto de resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán argumentó que en la aprobación de dicha ley si hubo vicios en el proceso legislativo entre las que destacan: que la minuta no fue dictaminada dentro del periodo ordinario de sesiones en que fue presentada, como lo exige el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Asimismo, porque no se discutió de manera sucesiva el proyecto de ley en términos del primer párrafo del artículo 72 de la Constitución y porque la inobservancia a lo dispuesto en la Constitución y el Reglamento de la Cámara Baja provocó la emisión de un ordenamiento que no guarda congruencia con el marco constitucional y legal que ahora rige.
“En el proyecto se destaca que transcurrieron más de seis años para que se aprobara en la Cámara revisora la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, lo que se llevó a cabo desconociendo que en ese espacio de tiempo se aprobaran varias reformas constitucionales que impactan en ese y muchos otros ordenamientos; ello a pesar de que así se destacó durante los trabajos y en la sesión de la Cámara de Diputados de 13 de septiembre de 2018, pidiéndose que la minuta se devolviera a la Comisión para su revisión, para tales efectos”.
El proyecto y algunos de los argumentos fueron respaldados por los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales, Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora, mientras que en contra votaron las ministras Norma Piña y Jasmín Esquivel Mossa, así como los ministros Javier Laynez, Juan Luis González Alcántara Carranca y el presidente de la Corte Arturo Zaldívar.
En respuesta a los argumentos expuestos por los ministros de la mayoría, Zaldívar Lelo de Larrea les pidió no cambiar de criterios sin fundamento, ya que ello implica pasar de una teoría deferente a la vida interna de los parlamentos a una teoría intervencionista y advirtió que este tipo de cambios implicaría invalidar un sinnúmero de leyes.
“La razón y los fundamentos y los extremos de las violaciones procesales que se están sosteniendo por la mayoría, nunca se habían sostenido en este tribunal, es válido que se cambie de criterio, pero se tendría que justificar.
Tenemos que ser muy cuidadosos, si estos criterios de mayoría llegarán a ser obligatorios, una enorme cantidad de leyes del sistema jurídico mexicano se tendrían que invalidar porque los procedimientos legislativos perfectos no existen, es parte de la vida política”. El pleno de la Corte continuará con la discusión de las acciones de inconstitucionalidad que promovieron la CNDH y senadores de minoría durante la sesión del lunes 20 de mayo.
