Con frecuencia, muchas familias suelen perder todo su patrimonio a causa de una enfermedad o el tratamiento médico de algunos de sus miembros. Y aunque pudieran gozar con algún tipo de cobertura –Seguro Popular, IMSS, ISSSTE o cualquier otro-, la urgente necesidad de comprar medicinas cuando estas dependencias padecen su desabasto o tener que pagar por los servicios de salud que no les brindan oportunamente o lo hacen con una deficiente calidad, los lleva a una terrible encrucijada: pagan o corren el riesgo de perder la vida.

Un claro ejemplo son las enfermedades crónico degenerativas; padecimientos como el cáncer, la diabetes o la portación del VIH representan un gran costo para las familias por culpa del colapso que vive el sector salud en México. Justificar en la corrupción del pasado los irresponsables recortes presupuestales del presente, sólo acerca a la muerte a miles de pacientes, de todas las edades, en todas las regiones del país.

Los pacientes –sobre todo niños y adultos mayores- no tienen tiempo; no pueden esperar a que el gobierno resuelva sus conflictos internos para recibir tratamiento. Por eso, las familias gastan todo el dinero que está a su alcance, no importa si para eso tengan que endeudarse.

Según especialistas, el gasto en salud pública que depende del gobierno federal, alrededor del 50 por ciento es cubierto por los pacientes, como consecuencia de las carencias que viven hospitales y centros de salud.

Esta situación se ha vuelto aún más grave en las últimas semanas: el desabasto de medicinas y vacunas, el aplazamiento de cirugías y tratamientos, y el despido de personal médico, han provocado que los mexicanos tengamos que gastar mucho más en salud. Lo que el gobierno no paga, lo tienen que hacer los pacientes. Lo justo es que ese dinero se devuelva.

Por ello, ante la crisis de abasto y el alto costo de los medicamentos que vive en el sector salud, junto con mi compañera diputada Soraya Pérez Munguía presentamos una iniciativa que busca que los medicamentos que se compran con receta médica sean deducibles de impuestos, como ya lo son otros servicios de salud.

Esta iniciativa busca proteger la economía de las familias además de mejorar el control y regulación de los medicamentos en el país. Si bien esta es una iniciativa de observancia general, los principales beneficiarios serán los adultos mayores, quienes, por razones obvias, realizan el mayor gasto en medicamentos. La iniciativa tiene una dedicatoria especial para ellos.

La iniciativa fue en respuesta a una petición ciudadana -suscrita por el Dr. Ignacio Gutiérrez Lobaco y publicada en la prestigiada Columna política “Tobogán” del respetado periodista Manuel Marquez- con la que se busca ayudar a las personas enfermas que hoy no pueden recibir sus tratamientos médicos por la crisis que vive el sector salud en este nuevo gobierno. En las últimas semanas, sólo el 61% de las personas con diabetes, hipertensión y dislipidemia que acudieron a los Servicios Estatales de Salud salieron con todos sus medicamentos.

En México está prohibido enfermarse porque representa un verdadero quebranto a la economía familiar. Las enfermedades crónicas representan 7 de las 10 principales causas de muerte en el país, y a pesar de ello, el gobierno está dejando de atenderlas. El tratamiento de todos estos males representa un gasto que prácticamente ninguna economía familiar soporta.

Los hospitales no tienen suficientes médicos ni medicinas. Hace unos días, en Chiapas, un bebé murió porque ya no hay presupuesto para las ambulancias aéreas; lo mismo pasó en Tijuana donde 13 bebés murieron. En la ciudad de México, más de 200 pequeños no han recibido sus quimioterapias, lo cual es no solo irresponsable, sino inhumano.

Confío en la sensibilidad de mis compañeros para ayudar a millones de personas que lo necesitan. Hacerlo posible está en nuestras manos.

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