El juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México dio una prórroga de al menos tres días hábiles para que el juez de control, con sede en el Reclusorio Norte, le informe si Emilio Lozoya se presentó a comparecer, a con el fin de determinar si mantendrá vigente la suspensión definitiva que le concedió el 4 de junio, a fin de evitar la captura girada en su contra por presuntas operaciones con recursos de origen ilícito.
El martes de esta semana venció el plazo que tenía para ponerse a disposición del juez que libró la orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, un día antes en la noche difundió una carta donde anunció que no se presentará al juzgado de control donde se radicó la investigación, debido a que no existían condiciones ni garantías legales para acudir, ya que es claro que si lo hace lo vincularían a proceso, pretendería dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se le imputa no lo amerita.
El 5 de junio la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que dicha suspensión obligaba a Lozoya Austin comparecer y ponerse a disposición del juez federal en un lapso de tres días a disposición de la autoridad judicial que emitió la orden de aprehensión las veces que sea citado o requerido.
Asimismo, estaba obligado a presentarse personal y de manera periódica los lunes ante el juzgado de amparo para firmar en el Sistema de Control Biométrico para justificar sus asistencia, además de pagar una garantía por 500 mil pesos para el cumplimiento de las obligaciones que se le habían establecido, pero no fue así.
Incluía en la misiva, el ex director de Pemex, que el juez de control que libró la orden de aprehensión y cateo lo hizo «con falsos informes» rendidos por elementos de la Policía Federal Ministerial. Asimismo que ordenaron un cateo en la casa de sus padres que son personas de la tercera edad, «mintiéndole al juez de control».
