La Secretaría de Gobernación dio a conocer esta tarde un informe de los avances a seis meses de creada la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
En el reporte detalló que en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional se han realizado tres operativos de búsqueda en “zonas de importancia relacionadas con los hechos victimizantes y que pudieran dotar de indicios importantes para la investigación”.
A seis meses de creada la Comisión –por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador—el presidente de esa instancia dio a conocer este informe de balance y avances a los padres de los normalistas y sus representantes durante la sesión de la Comisión que se realizó esta mañana en el Palacio de Cobián.
En el documento se afirmó que además de las acciones de búsqueda, “es importante realizar un análisis de la información realizada con un esquema científico, respecto a la georreferenciación de las zonas de interés, acciones que pueden brindar mayores datos de prueba”.
La SG también llamó la atención de que a seis meses de que fue creada la Comisión –por decreto presidencial— la FGR aún mantenga acéfalo el cargo de fiscal especial para el caso.
Recordó que el 3 de abril de 2019, Encinas, quien preside la Comisión, dio a conocer al titular de la FGR, Alejandro Gertz, las propuestas que se habían recibido para ocupar la fiscalía especial, y ante la preocupación de los familiares insistió el pasado 24 de mayo, exponiendo incluso “el nombre de la persona que cuenta con el respaldo de los padres, madres y representantes para continuar con la investigación dentro de la FGR”.
El informe hace un balance de los seis meses de trabajo de la Comisión, de los acuerdos y convenios firmados con instancias internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre ciertas diligencias que se han realizado y la forma en cómo se comienzan a dar los procesos de reparación del daño, en particular en materia de salud, a las víctimas de aquel ataque contra los normalistas de Ayotzinapa, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
