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La Jornada / César Arellano García

El ministro Luis María Aguilar Morales, señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no encontró irregularidades en los fondos de fideicomisos recursos federales canalizados a la construcción de algunos centros de justicia en el país, en el último año de gestión como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Incluso dijo que antes de concluir, solicitó a la ASF realizar auditorías a todos los programas sustantivos de ambas instituciones, entre ellos los de construcción de infraestructura, en el marco de la fase final del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, para lo que se refiere al Poder Judicial de la Federación.

En una nota informativa, manifestó que esta solicitud fue hecha guiado por dos razones: “La primera, porque soy un convencido de que la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción y, segunda, porque se trata de recursos que provienen de los impuestos de los ciudadanos.

“Un Tribunal Constitucional no puede, por esencia, conducirse fuera de estos parámetros”.

Asimismo hizo públicos los resultados del Informe de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, que incluye la revisión de los fideicomisos que se publican, agregó, periódicamente en el Diario Oficial de la Federación.

Por ejemplo, en el caso del dictamen de Fondos y Fideicomisos del PJF, que se emitió el 10 de junio de este año, el ministro Aguilar Morales asegura que no se menciona ninguna desviación o uso indebido o no justificado de los montos de los Fideicomisos revisados, sino, en todo caso, lo contrario, poca disposición de ellos.

Según el informe, dice en términos generales que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”.

Excepto por los 11 fideicomisos y 1 fondo en los que participan los órganos del PJF- indica que al 31 de diciembre de 2018, en conjunto, mantenían un saldo de 15 mil 514 millones 113 mil pesos, y las erogaciones en ese mismo ejercicio ascendieron a mil 23 millones 613 mil pesos.

Lo anterior, señala el documento, representa que del total de los recursos disponibles en los fondos y fideicomisos, sólo fue utilizado el 6.6 por ciento, circunstancia que se ha presentado en por lo menos los últimos 10 ejercicios, en los que, en promedio, únicamente se ha utilizado el 4.9 por ciento del saldo total de dichos instrumentos jurídicos, en virtud de que su constitución, operación, administración y extinción se rigen por Acuerdos de sus Órganos de Gobierno que no se ajustan a los criterios de austeridad y racionalidad que limiten su ejercicio, duración y captación de recursos.

En el caso del Proyecto Integral para la Construcción de un Centro de Justicia Penal

Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora y Ensenada Baja, California, dictámenes del 12 de junio de este año, la ASF concluye que en términos generales, el CJF “cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”.