Jaime González Aguadé renunció hoy como Consejero de Administración de Caja Libertad Servicios Financieros.
González Aguadé, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), llevaba solo cuatro meses en el cargo.
En su carta de renuncia enviada al Consej0 de Administración aseguró que no supo de algún delito relacionado con Caja Libertad.
En el documento enviado a los integrantes del Consejo dijo que está convencido de la importancia de que las indagatorias se realicen “con el menor daño reputacional posible a esta sociedad”.
“Por estas razones, y con el objeto de sumar al buen funcionamiento de Libertad, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Consejero de Administración, no sin antes dejar un testimonio de mi agradecimiento por haber tenido la oportunidad de servirle en este breve tiempo a la Sociedad Financiera Popular más importante del país”, agregó.
Jaime González Aguadé estuvo al frente de la CNBV del 1 de diciembre de 2012 hasta su renuncia en diciembre de 2017, cuando pasó a formar parte del equipo de campaña del candidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña, en el área de contacto con el sector empresarial y posibles invesionistas.
De esa manera se completó el acompañamiento de esos dos funcionarios. De acuerdo con una fuente cercana a ellos, la amistad entre ambos nació en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y se fortaleció en la administración pública cuando Meade impulsó a Aguadé en casi todos los puestos públicos que obtuvo tanto en la administración de Felipe Calderón (2006-2012) como en la de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Desde la CNBV, Aguadé no acompañó a Meade en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sino a su otro compañero del ITAM y brazo derecho del Presidente: Luis Videgaray, quien ocupó la titularidad de Hacienda de diciembre de 2012 a septiembre de 2016.
La CNBV es la encargada de realizar y revisar reportes de operaciones relevantes y sospechosas, supervisar los actos anómalos e informar a la Secretaría de Hacienda.
Esta misma fuente que pidió no ser citada, consideró que hasta marzo de 2016, la gestión de Jaime en la CNBV, entidad dependiente de la SHCP, había sido institucional, pero luego comenzaron a ser notorias las “presiones” directas de Peña Nieto y de Videgaray hacia la CNBV para velar por “sus intereses”.
“A partir de 2016, la conducta de Aguadé fue completamente errática, sino es que ilegal. Tenía mucho que ver con la ambición presidencial de su amigo Meade, las instrucciones de Videgaray y de Peña. Eso se fue agravando con el tiempo”, afirmó la fuente.
Durante la gestión de González Aguadé, se autorizó el Banco Unión Progreso del ex Gobernador de Chihuahua César Duarte (201), explotó el caso de la polémica constructora OHL México y el fraude de la Sofipo Ficrea.
Además, en 2014 la CNBV realizó una inspección a Caja Libertad por un reporte de mala utilización del dinero derivado del caso Oceanografía. El resultado que dictó fue que no se encontró nada que fuera ilícito y que podía continuar operando. Dos años después le otorgó la actualización de su concesión indefinida para operar.
Durante la administración de Peña Nieto hubo tres Secretarios de Hacienda –Videgaray, Meade y su otro amigo cercano, José Antonio González Anaya– y ninguno advirtió los actos de Caja Libertad a pesar de que hay evidencia de malas prácticas en documentos públicos. La SHCP tenía que recibir los reportes de operaciones relevantes y sospechosas de Caja Libertad o por lo menos un reporte.
En 2015, Juan Collado Mocelo, hoy detenido, se convirtió en el presidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, sociedad que opera con un “comité secreto” que hasta la fecha no revela el nombre de los titulares de casi el 70 por ciento de las acciones, a pesar de que es un acto violatorio de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Tanto Jaime González Aguadé, entonces titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como Luis Videgaray Caso que dirigía la Secretaría de Hacienda, tenían la facultad de advertirlo. Su omisión quedó ya plasmada en la denuncia del empresario Sergio Bustamante que derivó en la detención del abogado cercano a la élite política mexicana.
