La Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles el delito de ejercicio indebido del servicio público por presunta omisión al momento de evitar o denunciar actos ejecutados por terceros que podrían causar un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 369 mil 846 pesos.
Dicho quebranto, que se habría dado vía ‘La Estafa Maestra’, se ejecutó a través de al menos 27 convenios generales de colaboración y sus respectivos apéndices firmados entre 2013 y 2018 por las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol) con diversas universidades de los estados de Morelos, Hidalgo, Quintana Roo Chiapas y algunas empresas de comunicación de Sonora, Quintana Roo e Hidalgo.
Robles fue titular de ambas dependencias en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En la audiencia que se celebra este jueves, también se señaló que entre las irregularidades de los convenios está que muchos servicios no se realizaron e incluso son inexistentes, y jamás se verificó que las instituciones tuvieran la capacidad técnica para realizar los mismos.
La Fiscalía representada por cuatro agentes del Ministerio Público hizo una imputación general, por lo que la defensa de Robles pidió al juez que se detallara con precisión la fecha de los citados convenios, personas que los firmaron y el contenido de los contratos para establecer la imputación a su clienta.
La petición fue aceptada, por lo que se declaró un receso que concluirá hasta las 17:00 horas de este jueves.
Antes, el juez Felipe de Jesús Delgadillo declaró infundado un recurso de revocación que solicitó la defensa de Robles con el fin de desvirtuar la acusación.
Su argumento fue que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuya denuncia dio origen a la investigación contra la exsecretaria de Sedesol, no puede ser considerada como parte del juicio porque su función es fiscalizar el gasto público, más no es garante de la hacienda pública.
También se pidió a la defensa representada en ese momento por Ócar Rogelio Ruiz Santiago que no intentara cancelar la audiencia por la existencia de una suspensión provisional de amparo que se concedió a Emilio Zebadúa, acusado también en la causa penal 314/2019.
El juez reprendió a la defensa, dijo que no diferiría la audiencia y que tampoco iba a permitir que se invocara el caso de otro imputado.
“No voy a permitir que tramposamente se difiera la audiencia por un coimputado que, además, usted se reserva el nombre”, dijo el juez. El abogado intentó responder a lo que el juzgador contestó: “guarde silencio y acate mi determinación”.
La exfuncionaria se mostró tranquila, incluso sonriendo y se dejó apapachar por su hija Mariana, quien en algún momento se acercó a la barandilla.
Este es el segundo receso y se anticipa que la audiencia dure varias horas más.
