Once jueces de la Corte Suprema británica comenzaron a analizar este martes si fue legal la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender las labores parlamentarias hasta dos semanas antes del Brexit, después que dos tribunales inferiores dictasen opiniones contradictorias.
El tribunal prevé tres días de vistas y no se sabe aún si la decisión se conocerá el jueves o más tarde.
Si al término de este nuevo episodio en la caótica saga del Brexit, la justicia declarase que la suspensión es ilegal, el Parlamento debería, según los expertos, volver a ser convocado de inmediato.
Algo sobre lo que Johnson no se quiso pronunciar de inmediato: «Lo mejor que podemos hacer es esperar y ver qué dicen los jueces», declaró a la BBC.
La decisión de la Corte Suprema no tendrá, sin embargo, ningún efecto en el calendario del Brexit, advirtió su presidenta, Brenda Hale.
«Esta es una cuestión jurídica seria y difícil. No nos conciernen las cuestiones políticas más amplias», aseguró mientras, a las puertas del tribunal, medio centenar de manifestantes protestaban con pancartas que decían: «Nuestra democracia muere cuando se silencia a los diputados» o «Paren el golpe de Estado».
La vista del martes estuvo dedicada a la argumentación de los demandantes: en un caso la empresaria y activista antibrexit Gina Miller y en el otro 78 diputados proeuropeos de diferentes partidos.
Los abogados del gobierno responderán el miércoles y el ex primer ministro conservador John Major, que respalda a Miller, debe intervenir el jueves entre otros.
