La justicia de Andorra tomó “medidas urgentes” ante nuevos datos judiciales y embargó 83 millones de dólares al abogado Juan Ramón Collado, investigado en ese principado por asociación ilícita y lavado de dinero.
Se trata de una decisión tomada en la investigación que inició en marzo de 2015, archivada de manera provisional en 2018 cuando autoridades judiciales mexicanas informaron a sus homólogas de Andorra que los ingresos de Collado eran lícitos, informó este martes el diario español El País.
Con esa reapertura procedió al embargo de los recursos señalados, depositados en Vallbanc, especializada en “soluciones completas y altamente personalizadas para la gestión de patrimonios”, afirma la institución fundada en 2015 pero adquirida en 2016 por JC Flowers & Co.
La fiscalía andorrana determinó que la detención de Collado renueva la “sospecha lógica y razonable” de que los fondos depositados en el principado tienen un origen delictivo, y existe el riesgo de sean transferidos al extranjero.
Como soporte a esa presunción cita que el 3 de julio hubo una transferencia de 10.5 millones de euros a una cuenta del BBVA en Madrid.
“De la misma manera podrían ser transferidos todos los activos si no se toman medidas urgentes de inmediato”, cita el diario.
Quedaron en consecuencia sin efecto los autos de sobreseimiento judicial provisional del proceso contra Collado de octubre de 2018 y mayo de 2019.
La juez andorrana Maria Àngels Moreno también emitió una comisión rogatoria, o petición de auxilio judicial, a las autoridades mexicanas donde pide la información sobre la causa que se sigue a Collado y su presunta vinculación con actividades criminales.
De acuerdo al diario español, la detención del abogado mexicano hace tres meses hizo que las autoridades de Andorra se sintieran engañadas por sus similares de México que el año pasado, aún en el pasado gobierno, les habían dicho que los fondos de Collado eran lícitos.
Collado movió 120 millones de dólares a través de 24 cuentas en el BPA andorrano entre 2006 y 2015, cuando el principado era considerado un paraíso fiscal, condición que dejó de tener a fines de 2018.
La Banca Privada d’Andorra (BPA) informó apenas el pasado julio que contaba con 662 clientes de riesgo con depósitos por dos mil millones de euros.
