Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) dieron este viernes el aval definitivo para que la francesa Christine Lagarde se convierta en presidenta del Banco Central Europeo (BCE) el próximo 1 de noviembre en sustitución del italiano Mario Draghi.
Los líderes europeos habían elegido para el puesto a la ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en julio pasado dentro del reparto de altos cargos en las instituciones europeas tras las elecciones europeas de mayo.
Su candidatura fue formalizada poco después por los ministros de Economía y Finanzas, tras lo cual se pronunciaron a su favor el propio consejo de Gobierno del BCE y el Parlamento, aunque sus opiniones no son vinculantes.
Lagarde recibió el visto bueno de la Eurocámara en septiembre tras una comparecencia en la que avanzó que la política de estímulos monetarios iniciada con su predecesor continuará al inicio de su mandato, aunque se vigilarán sus efectos secundarios, y anticipó que hay margen para que el BCE haga más inversiones “verdes”.
La aprobación final este viernes en la cumbre europea era el último paso formal necesario para que Lagarde se convierta en la primera mujer al frente del emisor de la eurozona, para un mandato de ocho años.
Su llegada coincide con un momento de relevo en general en el directorio ejecutivo del BCE, dónde acaban de nominar al italiano Fabio Panetta como sucesor del francés Benôit Coueré y la dimisión de la alemana Sabine Lautenschläger obligará a cubrir su vacante antes de enero de 2022, cuando culminaba su mandato.
Los ministros de Economía prevén nominar a un sustituto en su reunión de noviembre.
Lagarde asumirá el mando del BCE en un momento de ralentización económica en la eurozona más prolongada de lo previsto, sin visos de que vayan a disiparse a corto plazo las tensiones comerciales mundiales y en plena incertidumbre por el “brexit” o salida del Reino Unido de la UE.
También en un contexto en el que, ante la continuidad de la política monetaria acomodaticia, aumentan las voces que cuestionan si es posible seguir lidiando con los efectos secundarios de la misma, en particular, sobre la rentabilidad de los bancos.
