La Cámara de Diputados aprobó esta tarde una reforma al artículo 108 para que el Presidente pueda ser juzgado, además de traición a la patria, por actos de corrupción, delitos electorales y los contenidos en el catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Morena explicó que la reforma restringe los supuestos de inmunidad procesal para el Presidente.
“Inauguramos la responsabilidad penal para el Presidente. El Presidente renuncia a los privilegios que lo hacían intocable”, dijo Lorena Villavicencio, diputada de ese partido, en tribuna.
El pleno aprobó la minuta que le había devuelto el Senado, que incluyó en el mismo artículo a los diputados federales y senadores.
En cambio, mantuvo el cambio de los senadores al artículo 111 de la Constitución, para definir que el Presidente, el fiscal general y los consejeros del Instituto Nacional Electoral gozan de inmunidad y no pueden ser privados de su libertad, salvo sentencia condenatoria en su contra.
Con ello, explicó la cámara, no se protege a los funcionarios, sino el ejercicio del Estado y el funcionamiento de las instituciones.
“De ninguna manera, el servidor público podrá perder el carácter de inmunidad que le otorga la Constitución y podrá seguir con el cumplimiento de sus funciones hasta que exista un acto jurisdiccional supremo que decida condenatoriamente.
“No existirá entonces persecución política, ni se entorpecería el ejercicio de los órganos del Estado; de esta< manera, se protege al cargo, pero no habrá necesidad de esperar a que se termine con el encargo para iniciar un proceso o se resuelva el mismo”, indica el dictamen.
El PAN argumentó que no se elimina el fuero presidencial, sino que se añaden supuestos para poder juzgar al Presidente y, eventualmente, destituirlo.
Pablo Gómez (Morena) sostuvo que se quiere enviar el mensaje de superar la historia negra de la política mexicana, donde el Presidente era intocable.
“Una república democrática no permite que el Presidente sea un intocable que comete delitos con total impunidad”, dijo.
La minuta se devolvió al Senado, para una segunda revisión en esa cámara